LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y EL FUTURO DEL PAÍS
A LA SOCIEDAD MEXICANA
Con relación a las reiteradas declaraciones del presidente de la República sobre las organizaciones de la
sociedad civil queremos manifestar lo siguiente:
1.- La sociedad civil es diversa. Una parte de ella, muy amplia y que se manifiesta a través de múltiples organizaciones, desde hace décadas ha sido defensora de innumerables causas populares, de los derechos humanos, de la democracia y de los intereses nacionales. En un recuento breve e incompleto diremos que organizaciones y personas de la sociedad civil hemos pugnado por la democracia sindical, hemos participado en la atención a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, coadyuvamos a que fuera posible el diálogo entre el gobierno y el EZLN, y nos hemos opuesto al despojo de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y campesinos; para esto último hemos demandado el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo a fin de que, cuando algún desarrollo pueda afectarlos, se instrumenten consultas reales con los pueblos, apegadas a la normatividad nacional e internacional, y no simulaciones que no aseguran su participación y que inclusive ofenden su cultura.
2.- Las sucesivas luchas por elecciones transparentes y legítimas, sin acciones y exclusiones antidemocráticas, han sido alimentadas sustancialmente por la sociedad civil. A partir del fraude electoral de 1988 iniciamos la observación electoral de hecho para después conquistarla por derecho, por cierto, la primera fue en el estado de Tabasco. Impulsamos la autonomía del árbitro electoral, que permitió a los partidos competir en mejores condiciones Cabe recordar que la movilización ciudadana fue un factor de primer orden para impedir en el año 2005 la inhabilitación vía el desafuero de un aspirante que hoy es el actual presidente de la República. El cambio de condición jurídico- política de la Ciudad de México fue impulsado desde hace varios lustros por la sociedad civil. La Constitución de la Ciudad en gran medida es fruto de ese impulso.
3.- En la defensa de los intereses nacionales, fueron organizaciones y personas de la sociedad civil quienes acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que la Suprema Corte de Justicia nos negó, a casi cinco millones de mexicanos, el derecho a manifestar mediante una consulta popular, legal y constitucional, nuestra opinión sobre la reforma en materia energética que en diciembre del 2013 abrió el camino para la privatización de los recursos energéticos de la Nación.
4.- En la lucha por la justicia para los miles de desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han estado siempre presentes del lado de las víctimas. Este mismo acompañamiento se ha dado en casos de feminicidios, en apoyo a los derechos de la niñez, de las mujeres y de la diversidad sexual. Por ello también nos opusimos a una Guardia Nacional bajo el mando del ejército, aplaudimos que el Senado haya aprobado que cualquier persona que en ella participe no deberá encontrarse en servicio activo de la fuerza armada permanente.
5.- Que los poderes judiciales y otros órganos jurisdiccionales tengan independencia real y no estén sometidos a los dictados de los ejecutivos federal y estatales ha sido otra demanda de organizaciones civiles. La observación de los nombramientos de jueces, magistrados y ministros, que muchas veces se hacen considerando cercanía y obediencia más que idoneidad profesional, ha sido nuestra tarea.
6.- De esa manera hemos combatido al neoliberalismo, también lo hemos hecho pugnando por políticas económicas que dejen de ser concentradoras del ingreso y promotoras de la desigualdad, y por políticas sociales que no se limiten a distribuir dádivas entre “beneficiarios”, sin que atiendan las causas estructurales de la propia desigualdad y de la pobreza. Con varios años de trabajo en contra del maíz transgénico logramos la acción legal para detener su siembra y la apropiación de su germoplasma, preservando el alimento básico de nuestro pueblo. Consideramos que la lucha contra la corrupción es muy importante, y celebramos que contamos ya con los instrumentos idóneos para combatirla, pero no es la única para cambiar el drama nacional, para ello debe ir acompañada de políticas tendientes a la modificación de la estructura y el modelo socioeconómico, asuntos sobre los que el actual gobierno no ha formulado hasta ahora su propuesta.
7.- En la construcción de la democracia impulsamos leyes que obligan a los gobiernos al fomento de las actividades de interés público que realizamos, tanto a través de financiamientos, como a través de la obligación de abrir a la participación ciudadana el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y su posterior aprobación en la Cámara de Diputados son la ocasión obligada para abrir los asuntos de interés fundamental a la opinión del público y tomar realmente en cuenta las propuestas que de él surjan.
8.- Hemos acudido a los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los que el Estado mexicano es parte, cuando nos hemos enfrentado a poderes económicos y políticos coludidos. En la última comparecencia de México en el examen periódico sobre el cumplimiento de sus obligaciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió al gobierno de nuestro país medidas de protección para los defensores y periodistas, esperemos que la rispidez de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil no evite el cumplimiento de estas obligaciones internacionales para preservar sus vidas en grave riesgo, solamente en los últimos cien días han sido asesinados más de una decena de defensores y periodistas.
9.- Todo lo anterior lo hemos realizado desde hace décadas, la mayor de las veces sin recursos públicos, sin detentar cargos de representación popular, hablando con los partidos y las autoridades sin convertirnos en sus clientelas. Descalificar a las organizaciones de la sociedad que han sostenido esas luchas y principios, afirmar que la mayoría son conservadoras, cercanas a los consorcios empresariales y que no están en la izquierda, revela o un poco creíble desconocimiento de la realidad nacional o el ánimo de asumirse como exclusivo representante de los intereses populares, lo que por otro lado no siempre se demuestra en la práctica gubernamental, ni en sus alianzas, ni en la integración del gobierno.
10.- Si bien defendemos el derecho de las organizaciones civiles a recibir financiamientos gubernamentales, basados en la legislación vigente, consideramos que la discusión fundamental sobre el papel de la sociedad civil en la vida pública del país no es sobre el dinero, sino sobre la concepción de democracia y sobre el ejercicio irrestricto de los derechos humanos. Nuestro interés está en el ámbito de lo programático, por ello, la exigibilidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales debe ser contenido básico y, en ese caso, ocasión de alianza entre la izquierda social y la izquierda partidaria, si ésta se asume como tal. Puede haber colaboración entre un gobierno que pretenda hacer cambios de fondo y organismos que impulsan la organización social para la defensa y exigibilidad de los derechos humanos, su punto de partida deberá ser el diálogo y para ello hay que crear condiciones, la primera es el reconocimiento mutuo y, con ello, la aceptación que toda democracia requiere de contrapesos y que estos no son solamente políticos sino también son sociales. No puede contraponerse al pueblo y a la sociedad civil, ésta surge cuando aquél se organiza para exigir sus derechos. Como organizaciones de la sociedad civil también somos pueblo consciente de sus derechos.
1.- La sociedad civil es diversa. Una parte de ella, muy amplia y que se manifiesta a través de múltiples organizaciones, desde hace décadas ha sido defensora de innumerables causas populares, de los derechos humanos, de la democracia y de los intereses nacionales. En un recuento breve e incompleto diremos que organizaciones y personas de la sociedad civil hemos pugnado por la democracia sindical, hemos participado en la atención a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, coadyuvamos a que fuera posible el diálogo entre el gobierno y el EZLN, y nos hemos opuesto al despojo de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y campesinos; para esto último hemos demandado el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo a fin de que, cuando algún desarrollo pueda afectarlos, se instrumenten consultas reales con los pueblos, apegadas a la normatividad nacional e internacional, y no simulaciones que no aseguran su participación y que inclusive ofenden su cultura.
2.- Las sucesivas luchas por elecciones transparentes y legítimas, sin acciones y exclusiones antidemocráticas, han sido alimentadas sustancialmente por la sociedad civil. A partir del fraude electoral de 1988 iniciamos la observación electoral de hecho para después conquistarla por derecho, por cierto, la primera fue en el estado de Tabasco. Impulsamos la autonomía del árbitro electoral, que permitió a los partidos competir en mejores condiciones Cabe recordar que la movilización ciudadana fue un factor de primer orden para impedir en el año 2005 la inhabilitación vía el desafuero de un aspirante que hoy es el actual presidente de la República. El cambio de condición jurídico- política de la Ciudad de México fue impulsado desde hace varios lustros por la sociedad civil. La Constitución de la Ciudad en gran medida es fruto de ese impulso.
3.- En la defensa de los intereses nacionales, fueron organizaciones y personas de la sociedad civil quienes acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que la Suprema Corte de Justicia nos negó, a casi cinco millones de mexicanos, el derecho a manifestar mediante una consulta popular, legal y constitucional, nuestra opinión sobre la reforma en materia energética que en diciembre del 2013 abrió el camino para la privatización de los recursos energéticos de la Nación.
4.- En la lucha por la justicia para los miles de desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han estado siempre presentes del lado de las víctimas. Este mismo acompañamiento se ha dado en casos de feminicidios, en apoyo a los derechos de la niñez, de las mujeres y de la diversidad sexual. Por ello también nos opusimos a una Guardia Nacional bajo el mando del ejército, aplaudimos que el Senado haya aprobado que cualquier persona que en ella participe no deberá encontrarse en servicio activo de la fuerza armada permanente.
5.- Que los poderes judiciales y otros órganos jurisdiccionales tengan independencia real y no estén sometidos a los dictados de los ejecutivos federal y estatales ha sido otra demanda de organizaciones civiles. La observación de los nombramientos de jueces, magistrados y ministros, que muchas veces se hacen considerando cercanía y obediencia más que idoneidad profesional, ha sido nuestra tarea.
6.- De esa manera hemos combatido al neoliberalismo, también lo hemos hecho pugnando por políticas económicas que dejen de ser concentradoras del ingreso y promotoras de la desigualdad, y por políticas sociales que no se limiten a distribuir dádivas entre “beneficiarios”, sin que atiendan las causas estructurales de la propia desigualdad y de la pobreza. Con varios años de trabajo en contra del maíz transgénico logramos la acción legal para detener su siembra y la apropiación de su germoplasma, preservando el alimento básico de nuestro pueblo. Consideramos que la lucha contra la corrupción es muy importante, y celebramos que contamos ya con los instrumentos idóneos para combatirla, pero no es la única para cambiar el drama nacional, para ello debe ir acompañada de políticas tendientes a la modificación de la estructura y el modelo socioeconómico, asuntos sobre los que el actual gobierno no ha formulado hasta ahora su propuesta.
7.- En la construcción de la democracia impulsamos leyes que obligan a los gobiernos al fomento de las actividades de interés público que realizamos, tanto a través de financiamientos, como a través de la obligación de abrir a la participación ciudadana el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y su posterior aprobación en la Cámara de Diputados son la ocasión obligada para abrir los asuntos de interés fundamental a la opinión del público y tomar realmente en cuenta las propuestas que de él surjan.
8.- Hemos acudido a los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los que el Estado mexicano es parte, cuando nos hemos enfrentado a poderes económicos y políticos coludidos. En la última comparecencia de México en el examen periódico sobre el cumplimiento de sus obligaciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió al gobierno de nuestro país medidas de protección para los defensores y periodistas, esperemos que la rispidez de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil no evite el cumplimiento de estas obligaciones internacionales para preservar sus vidas en grave riesgo, solamente en los últimos cien días han sido asesinados más de una decena de defensores y periodistas.
9.- Todo lo anterior lo hemos realizado desde hace décadas, la mayor de las veces sin recursos públicos, sin detentar cargos de representación popular, hablando con los partidos y las autoridades sin convertirnos en sus clientelas. Descalificar a las organizaciones de la sociedad que han sostenido esas luchas y principios, afirmar que la mayoría son conservadoras, cercanas a los consorcios empresariales y que no están en la izquierda, revela o un poco creíble desconocimiento de la realidad nacional o el ánimo de asumirse como exclusivo representante de los intereses populares, lo que por otro lado no siempre se demuestra en la práctica gubernamental, ni en sus alianzas, ni en la integración del gobierno.
10.- Si bien defendemos el derecho de las organizaciones civiles a recibir financiamientos gubernamentales, basados en la legislación vigente, consideramos que la discusión fundamental sobre el papel de la sociedad civil en la vida pública del país no es sobre el dinero, sino sobre la concepción de democracia y sobre el ejercicio irrestricto de los derechos humanos. Nuestro interés está en el ámbito de lo programático, por ello, la exigibilidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales debe ser contenido básico y, en ese caso, ocasión de alianza entre la izquierda social y la izquierda partidaria, si ésta se asume como tal. Puede haber colaboración entre un gobierno que pretenda hacer cambios de fondo y organismos que impulsan la organización social para la defensa y exigibilidad de los derechos humanos, su punto de partida deberá ser el diálogo y para ello hay que crear condiciones, la primera es el reconocimiento mutuo y, con ello, la aceptación que toda democracia requiere de contrapesos y que estos no son solamente políticos sino también son sociales. No puede contraponerse al pueblo y a la sociedad civil, ésta surge cuando aquél se organiza para exigir sus derechos. Como organizaciones de la sociedad civil también somos pueblo consciente de sus derechos.
Más información: http://bit.ly/lacuatrod
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