domingo, 25 de febrero de 2018

Comunicado de prensa para su publicación inmediata


Con albazo y sin consulta Diputados de PVEM y PRI buscan aprobar Ley General de Biodiversidad 



- Violatoria de derechos humanos y al servicio de intereses privados; industria minera, energética, biotecnológica y farmacéutica las más favorecidas.
- Habilita el despojo a los Pueblos indígenas y comunidades campesinas.
- Pone en riesgo Áreas Naturales Protegidas y especies prioritarias para la nación.

Ciudad de México a 25 de febrero 2018.- Este lunes 26 a las 11 de la mañana, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pretende aprobar, en fast track, la Minuta de Ley General de Biodiversidad (LGB). Ésta abre la puerta a violaciones a derechos humanos y derechos indígenas; además, vulnera ecosistemas y especies ya de por sí amenazadas.

Organizaciones campesinas, indígenas, civiles, académicas y ciudadanía en general, interesadas en garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, a través de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, hemos señalado constantemente las deficiencias de esta propuesta.

El jueves 22 de febrero, el diputado presidente de la Comarnat, Arturo Álvarez Angli del PVEM, convocó la reunión para aprobar el “dictamen sin cambios”. La premura del proceso y el llamado urgente a votación pone en evidencia una fuerte presión para que la Minuta sea aprobada en sus términos. Además, la falta de transparencia y apertura del proceso legislativo, pone en evidencia conflictos de interés por parte de las y los legisladores que la impulsan.

La votación de la Minuta busca llevarse a cabo sin que haya mediado un proceso de análisis y consulta de los pueblos indígenas y campesinos, e ignorando el mandato de la Mesa Directiva de la Cámara que requirió Opinión de las Comisiones de Asuntos Indígenas (presidida por el PRI) y de Cambio Climático (presidida por el PAN).

A continuación se exponen algunas de las principales deficiencias de la Minuta:

- Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena.

- Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento.

- Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética.

- Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones.

- Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

- Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades.

- Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional.

- Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030.

Debido a lo anterior, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, exige a la Cámara de Diputados que abra la revisión de esta Minuta a la participación de la sociedad; en particular a los pueblos indígenas quienes serán impactados directamente por la aprobación de esta Ley.

Las y los legisladores tienen el mandato de representar a la sociedad, no solo a los intereses económicos de grupos empresariales. Pero, en el Senado y en la Cámara de Diputados parece que la norma es lo contrario. Basta recordar que esta iniciativa de ley fue propuesta, y sigue siendo promovida, por la Senadora Ninfa Salinas, parte de Grupo Salinas.

Por ello, las organizaciones y personas firmantes requerimos a los Partidos Políticos en la Cámara de Diputados a detener el albazo promovido por el PVEM con apoyo del PRI, y exigir la consulta amplia.

Nuestro país exige transparencia, participación y rendición de cuentas, no procesos legislativos a escondidas. Por ello, invitamos a la ciudadanía a informarse de lo que hay en juego con esta Ley y sumarse en esta petición para detenerla: https://goo.gl/n51PHb

Contacto para medios:

- Alejandro Olivera, Centro para la Diversidad Biológica Cel.6121040604. aolivera@biologicaldiversity.org

- Amelia Arreguín, Global Youth Biodiversity Network 
Cel. 4422875682. gybn.mexico@gmail.com

- Gustavo Sánchez, Red Mocaf, 
Cel. 5544889920 svallegustavo@gmail.com

martes, 13 de febrero de 2018



        
Ante reporte internacional sobre tráfico de madera ilegal en México, organizaciones llaman al Senado a abrir la discusión sobre la Ley Forestal

Reporte de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) coloca a México como consumidor a gran escala de madera ilegal procedente de las selvas amazónicas del Perú

Urgente que los Senadores abran la discusión sobre el contenido que debe tener la nueva Ley Forestal para evitar el “lavado de madera” ilegal en México

El “lavado de madera” en México no solo perjudica a las selvas del Amazonas, también perjudica a las empresas forestales comunitarias, alienta el mercado ilegal en México y provoca la destrucción de nuestros bosques

Ciudad de México, 13 de febrero del 2018. Es urgente que el Gobierno Federal y el Senado abran las investigaciones correspondientes ante la reciente evidencia de que México es uno de los países que más importa madera ilegal procedente de la amazonía peruana, señalaron el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

En el reporte “El Momento de la Verdad” dado a conocer la semana pasada por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), documenta que, en años recientes, un volumen muy considerable de madera de procedencia ilícita, del norte amazónico peruano, ha sido transportada a través de embarcaciones como el navío Yacu Kallpa hacia Estados Unidos, México y República Dominicana. Las investigaciones de los organismos de supervisión peruanos descubrieron que, en ese lapso, entre el 91 y 96 % de la madera transportada en esa embarcación era de origen ilegal.

En el reporte se señala que aun cuando ha habido evidencia concluyente del origen ilegal de embarques de madera importada, ha sido liberada por la Administración General de Aduanas del SAT, al parecer por vacíos legales que no obligan al gobierno mexicano a verificar la legal procedencia y a actuar solo ‘de buena fe’, lo cual naturalmente es aprovechado por los traficantes de madera.

También en el reporte se señala que las presiones para que el gobierno de México libere la madera incautada vienen tanto de algunos funcionarios del gobierno peruano como de las empresas exportadoras e importadoras de Perú y México. En coincidencia con la detención temporal del Yacu Kallpa en el puerto mexicano de Tampico, el 2 de marzo de 2016, el diario El Financiero, publicó la nota titulada: “Advierten desabasto de madera peruana por buque parado” en la que se documentan declaraciones de Jorge Almada, Presidente en turno de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales (IMEXFOR) en el sentido de que la carga por 3.5 millones de pies tabla representaba el consumo de mes y medio de muebleros, arquitectos, diseñadores y artesanos mexicanos: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/advierten-desabasto-de-madera-peruana-por-buque-parado.html) 

De igual manera, en la nota de referencia, se cita al representante de IMEXFOR sobre la importancia que representa la importación de madera de Perú: “…varias empresas mexicanas, cuyo nombre no quiso revelar, compraron el total de la carga de madera originaria de Perú, país de donde, según Almada, se importa cerca de 60 por ciento de la madera tropical que usa la industria en México”. El Yacu Kallpa es sólo un ejemplo que se pudo documentar, de una situación que ocurre continuamente en diversos puertos del país.

Al respecto, señalamos que el reporte de EIA y las propias revelaciones de la IMEXFOR apuntan a lo siguiente:

Se confirman las estimaciones de SEMARNAT y PROFEPA de que una buena parte del volumen de madera que se consume en México es ilegal y de que sería procedente tanto de territorio nacional como de otros países como es el caso de Perú.

Es muy preocupante que el mercado mexicano esté consumiendo sistemáticamente madera de procedencia ilegal y contribuyendo a la destrucción de los bosques del planeta, en particular de la selva amazónica, considerada el mayor pulmón del mundo, ya muy asediada por diferentes “motores” de deforestación. Al ser los bosques y selvas los mayores sumideros de carbono, el consumo de madera ilegal en México estaría contribuyendo a la emisión de GEI y por lo tanto al Cambio Climático.

El mercado de madera ilegal es uno de los principales obstáculos que enfrentan las empresas forestales comunitarias mexicanas para su buen desempeño, pues constituye una fuerte competencia en desigualdad de condiciones y de costos y uno de los principales factores de la deforestación y degradación forestal. 

Se presume que un grupo muy importante de empresas en México, Perú y posiblemente otros países, forman parte de cadenas industriales donde se “lava” madera ilegal, que abastece el 60% de la madera tropical que se consume en México.

Por lo anterior, diversas organizaciones civiles hacen el siguiente llamado a autoridades federales y legisladores:

La legislación y normatividad en México requieren ser revisadas de inmediato para incorporar aquellas disposiciones que impidan que México siga siendo destino de importaciones de madera ilegal, para ello es fundamental que los Senadores abran la discusión sobre la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Senado debe iniciar la revisión de acuerdos bilaterales con Perú y otros países tropicales, para blindar el comercio contra el tráfico de madera ilegal.

La autoridad ambiental debe iniciar de inmediato los trabajos para que contemos en México con mecanismos de supervisión del abasto, la transformación y comercialización de madera y productos de madera, que permitan dar certidumbre de su legal procedencia. Una certificación de legal procedencia o un sello de productos “libres de madera ilegal” es urgente y es importante no confundirlo con las certificaciones de buen manejo forestal como es el FSC o el estándar mexicano, ni con los certificados de inocuidad fitosantaria que son los únicos que requiere la autoridad mexicana actualmente.

Deben instrumentarse de inmediato medidas suficientes para asegurar que las compras de gobierno sean de productos legales, incluyendo en esto la cadena de abasto, así como para la aplicación de las disposiciones al respecto contenidas en el artículo 26 de la Ley de Arrendamientos y Adquisiciones del Sector Público. 

La autoridad ambiental, a través de la PROFEPA, debe lograr un compromiso formal de los socios de la IMEXFOR de garantizar de manera fehaciente y documentada, que sus operaciones sean sólo con madera de legal procedencia, más allá de la buena fe.

En el contexto del último periodo de sesiones de la actual legislatura, y con un dictamen de ley forestal ya aprobado en comisiones del Senado, consideramos muy importante que los legisladores abran la discusión de la ley para incorporar de manera contundente el tema de la legalidad del mercado forestal, y que los aspirantes a puestos de elección popular, particularmente aquellos interesados en ser legisladores se pronuncien al respecto.

martes, 6 de febrero de 2018








CAMPAÑA COMUNITARIA POR LOS BOSQUES Y LA PROSPERIDAD DE LA GENTE[1]


A manera de presentación.

Somos un grupo de organizaciones indígenas y comunitarias, locales, regionales y nacionales con una sólida trayectoria en el sector forestal y que ante la elección de Presidente de la República y del Congreso de la Unión, hacemos del conocimiento de todos los candidatos, partidos políticos y de la ciudadanía en general, nuestra opinión sobre las causas del estancamiento del sector, pero sobre todo, nuestras propuestas para el rescate de los bosques, la reactivación de la producción forestal, sustentable, asegurar la provisión de servicios ambientales y contribuir a que México sea una nación más próspera, más justa y que viva en paz.

Nuestro llamado busca que nuestras propuestas sean analizadas, discutidas, enriquecidas y eventualmente convertidas en política pública. Decimos ya basta a las ocurrencias y a los bandazos sexenales en la política forestal; de funcionarios improvisados que asumen el cargo por favores políticos; del despilfarro del presupuesto en consultorías y contratos para las empresas de los amigos y de la opacidad en la gestión.

Nuestra visión es la de un sector forestal que contribuya de manera importante al PIB nacional, a la necesaria generación de empleos de calidad y una distribución del ingreso más equitativa y que sea más autosuficiente en productos forestales, pero también es la visión de un sector donde se recuperen los bosques y los importantes servicios ambientales que prestan a toda la sociedad; donde los jóvenes encuentren condiciones para permanecer y prosperar y donde las mujeres tengan las mimas oportunidades y derechos que los varones.

Damos la bienvenida a sumarse y enriquecer esta campaña a otras organizaciones indígenas y campesinas, a organizaciones de la sociedad civil, a académicos e investigadores, a empresas sociales y privadas, a intelectuales, a artistas y creadores a estudiantes y a toda la sociedad que comparta nuestra visión hacia el futuro del sector forestal.

PROPUESTAS PARA RECUPERAR LOS BOSQUES Y REACTIVAR AL SECTOR FORESTAL EN MÉXICO

Importancia de los bosques.

México está entre los 12 países con más recursos forestales los cuales representan el 50% de los bosques del planeta; el 70% de nuestro territorio está cubierto por ecosistemas forestales; también es uno de los países megadiversos y cuenta con la mayor población indígena del continente, buena parte de la cual vive en las regiones forestales. De manera relativamente reciente se empieza a dimensionar la importancia del sector en México, de su potencial hacia el futuro y de la relevancia de la relevancia de la relación entre el buen manejo de los bosques con el bienestar de la población que vive en ellos.

En nuestro país, un 70% de los bosques y otros ecosistemas forestales están en tierras ejidales y comunales, es decir son propiedad de indígenas y campesinos quienes hace apenas 4 décadas consiguieron el derecho de manejarlos, logrando con ello frenar la degradación que ocasionaba la política de concesiones forestales a empresas privadas.

A partir de entonces muchos ejidos, comunidades y algunos pequeños propietarios han desarrollado sobre la práctica el Manejo Forestal Comunitario, un modelo colectivo de organización para el cultivo, cuidado, aprovechamiento de los bosques y distribución de beneficios que ha sido reconocido a nivel internacional por lo que cada año nuestro país recibe delegaciones de diferentes países interesados en esta experiencia,

El Manejo Forestal Comunitario ha demostrado ser más eficiente que otros modelos de conservación o empresariales para incrementar y conservar los bosques; para mantener la biodiversidad; para crear empleos[2] y una distribución equitativa de las utilidades, entre otros logros. Sin embargo, a pesar de la evidencia existente, este modelo no siempre es apoyado por las administraciones en turno y los recursos públicos se dispersan en inversiones no productivas, poco estratégicas y en ocasiones con un manejo muy opaco.



Problemática del sector forestal.

Producto de esta falta de enfoque de la política gubernamental y de no priorizar la inversión pública hacia lo que le daría sostenibilidad a los bosques, hoy tenemos un sector forestal estancado -a pesar de su potencial, de su biodiversidad y de la experiencia en manejo- y con  problemas tales como un mercado invadido por la ilegalidad; el desplome de los precios por la competencia desleal; una tramitología muy pesada para algunos y muy laxa para otros; el estancamiento o cierre de empresas, pérdida de empleos y el cambio de uso de suelo por actividades menos reguladas y más rentables lo que se traduce en deforestación y degradación de los ecosistemas forestales y la pérdida o disminución de los servicios ambientales que prestan a la sociedad en materia de biodiversidad, agua, mitigación del cambio climático, belleza escénica, entre otros.

No disponemos de indicadores de empleo para los jóvenes en el sector forestal, sin embargo una referencia muy cercana es el hecho de que en general en los ejidos y comunidades solo el 34% se integra a alguna actividad productiva por lo que 4 de cada 10 jóvenes[3] están migrando a las ciudades y al extranjero y aunque la migración no necesariamente es un fenómeno negativo, si no existen condiciones en las regiones forestales para que sea una estrategia familiar o comunitaria de capitalización, estaremos perdiendo una parte fundamental del bono demográfico y poniendo en riesgo la viabilidad a futuro de buena parte de la sociedad rural.

Frente a esta situación y en base a nuestra experiencia, tenemos las siguientes propuestas para ser una parte de la agenda nacional:

1.  Elaboración de un Plan estratégico Forestal de Largo Plazo que sea vinculante.

Con el propósito de contar con una planeación forestal de largo plazo, hace ya 18 años, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), con apoyo internacional y con la participación de muchos especialistas y representantes de organizaciones inició la elaboración del Plan Estratégico Forestal 2025, el cual fue concluido en el año 2001.

En dicho plan, con muy buenas intenciones, se definieron líneas estratégicas de política y los posibles escenarios a los que se aspiraba llegar, sin embargo, ese documento de planeación ha sido letra muerta porque no se hizo vinculante, es decir su aplicación no se volvió obligatoria, de manera que cada sexenio seguimos teniendo un cambio de señales en cuanto a las prioridades del sector haciendo que en la práctica no exista un plan de lo que se quiere en el mediano y largo plazo.

Proponemos hacer una planeación forestal para cuatro sexenios mediante la elaboración de un Plan Estratégico Forestal Vinculante 2019-2043, retomando la experiencia de planeación 2000-2025, asegurando la participación de los diferentes actores del sector forestal en donde se definan los posibles escenarios a alcanzar, los objetivos, prioridades, metas, plazos, recursos necesarios, las estrategias, los mecanismos de seguimiento y ajuste y las dependencias responsables.

Algo que hemos aprendido de nuestro pasado inmediato es que no basta con tener buenos planes, que es necesario asegurarnos que se pongan en práctica y por ello es fundamental darle un carácter obligatorio al Plan Estratégico Forestal 2019-2043, por lo que proponemos se incluya en la Ley Forestal la obligatoriedad de que la política sectorial durante cuatro sexenios se apegue al mismo y darle al Consejo Nacional Forestal, con apoyo del CENEVAL y de instituciones de educación superior, la atribución de su seguimiento, vigilancia,  evaluación y recomendaciones de ajuste periódico.

2.  Reorientación de la inversión pública con criterios de eficiencia, equidad y transparencia:

Hay una creciente preocupación de que el presupuesto asignado al sector forestal en los últimos años no se está gastando en rubros estratégicos y que se ha desaprovechado la oportunidad de reactivar la producción, el empleo, mejorar los niveles de vida, disminuir la dependencia de las importaciones, mejorar la contribución o participación en el PIB, contribuir a disminuir la desigualdad social y asegurar la prestación de los servicios ambientales.

Estamos convencidos de que la mejor manera de lograr la permanencia y conservación de los bosques es mediante una gestión sostenible por lo que proponemos la reorientación del presupuesto de manera prioritaria hacia el manejo y producción sustentable; el incremento de la superficie bajo manejo forestal sustentable y el aumento de la inversión hacia la agregación de valor a la producción primaria favoreciendo redes de valor locales.

Para evitar la ineficiencia y la corrupción en el uso del presupuesto también proponemos la revisión de cuánto y cómo se invierte en los esquemas de contratación de producción de planta para reforestaciones, en la contratación de estudios, servicios, adquisiciones y obra y en la organización de eventos y ferias comerciales, entre otros conceptos de gasto e inversión con el fin de determinar si son prioritarias y proponer el ajuste correspondiente.

3.  Fortalecimiento de la legalidad en el aprovechamiento, transformación y comercialización de productos forestales, particularmente de la madera.

Ante los graves niveles de ilegalidad en el mercado de la madera en México, planteamos una Estrategia Integral por la Legalidad que combine acciones de vigilancia y control en toda la cadena de producción, transformación y comercialización pero también que incluya incentivos virtuosos y un fuerte componente de fomento al manejo y aprovechamiento sustentables, de agilización de trámites, así como la promoción de una cultura de consumo legal de madera en diferentes ramas industriales como es la inmobiliaria, la mueblera, la automotríz y la de embalajes, entre otras.

De acuerdo a declaraciones de la SEMARNAT y PROFEPA en la actual administración, se estima que el 70% de la madera que hay en el mercado es de procedencia ilegal, lo cual no solo es una amenaza para la permanencia de los bosques y sus servicios ambientales, sino que desploma los precios y desincentiva de manera desleal a las empresas comunitarias y privadas que quieren funcionar legalmente y contribuye a generar por un lado ganancia extraordinarias de las cadenas productivas que consumen madera ilegal y por otro minimiza o elimina los ingresos que pudieran obtener los dueños de los bosques, agravando la brecha de desigualdad que existe en nuestra sociedad.

Aspiramos a que el mediano plazo el mercado mexicano esté libre de madera ilegal mediante la participación de los consumidores y el compromiso de todos los actores de la cadena silvícola, de transformación y comercialización, lo cual generará un sano ambiente de negocios para las empresas forestales y la generación de empleos, alentará el manejo y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales, garantizando así su permanencia y conservación y la prestación de sus servicios ambientales.

En el diseño e implementación de esta estrategia advertimos del riesgo de criminalizar todo aprovechamiento que no tenga una autorización de la autoridad competente y proponemos se parta de construir de manera incluyente el concepto de “madera legal” para distinguir entre los diferentes escenarios, por ejemplo, la actividad de las bandas dedicadas a la tala ilegal y contrabando de madera a un aprovechamiento sin autorización realizado por el dueño o los dueños del predio y del recurso ya que cada situación requiere un tratamiento diferente en materia de prevención, sanción y otras derivaciones.



4.  Programa de Fomento al Manejo Forestal Comunitario como uno de los pilares de la política forestal para reactivar la producción sustentable, fortalecer la economía campesina e indígena y mantener los servicios ambientales

Concebimos al Manejo Forestal Comunitario como la gestión forestal que de manera colectiva realizan los ejidos, las comunidades y pueblos indígenas o pequeños propietarios y poseedores bajo principios de sustentabilidad, equidad, inclusión y respeto a las tradiciones, usos y costumbres entre los integrantes del ejido, la comunidad o pueblo indígena.

A pesar de las evidencias en cuanto a su impacto social, económico y ambiental, el apoyo a la forestería comunitaria ha tenido muchos altibajos en las últimas administraciones al frente de Comisión Nacional Forestal, un ejemplo de ello es que durante la presente administración es una de las gerencias que han desaparecido y las metas de atención al respecto están por debajo de lo planeado.

Proponemos que el Manejo Forestal Comunitario sea incluido en la Ley Forestal como una de las líneas estratégicas de política forestal y que el programa de apoyo correspondiente sea uno de los conceptos fijos de apoyo en los presupuestos de la dependencia. Este programa de apoyo debe considerar el impulso a la incorporación de nueva superficie ejidal y comunal al manejo forestal sustentable, el apoyo al fortalecimiento organizativo y empresarial, el desarrollo de capacidades de manejo y acompañamiento técnico y el impulso a la transformación, desarrollo de empresas comunitarias y generación de empleo digno, el apoyo a la comercialización y la promoción comercial de los productos generados bajo este modelo.

Uno de los aspectos que se han ido dejando de lado por todas las administraciones al frente de CONAFOR y SEMARNAT es la coordinación de acciones con las dependencias del Sector Agrario para dar seguridad jurídica a muchos minifundios y a posesionarios de terrenos nacionales para incorporarlos al manejo y aprovechamiento sustentable de sus recursos, por lo que consideramos debe incluirse en este programa.

También consideramos fundamental el diseño y lanzamiento de un sello de Manejo Forestal Comunitario que permita a los consumidores intermedios y finales saber que están adquiriendo materias primas o productos que fomentan el manejo sostenible, la conservación de los bosques, así como la generación de empleos dignos y que con ello contribuyen a disminuir las brechas de desigualdad en el campo y a una sociedad más justa.

5.  Recuperación de la frontera forestal y reactivación de la producción sustentable mediante la reorientación e impulso a la política de Reforestación y Plantaciones Forestales

Con objeto de darle una mayor eficiencia al presupuesto del sector y mayor coherencia a las políticas de reforestación y plantaciones, proponemos la integración de esfuerzos y recursos de los actuales programas de Plantaciones Forestales y Restauración en un solo Programa que tenga como fin la promoción de plantaciones forestales con diferentes fines: restauración, producción o doble propósito y que privilegie un modelo de plantación multiespecífica (varias especies) incorporando criterios de biodiversidad, donde se utilicen de manera preferente, especies locales.

Proponemos que este programa establezca una tipología de beneficiarios con apoyos diferenciados para cada estrato de acuerdo a sus necesidades con el fin de impulsar una política de apoyos diferenciados para fortalecer la equidad y la eficiencia del presupuesto. Consideramos que los apoyos para plantaciones forestales deben diferenciarse si van dirigidos a grandes y medianas empresas privadas que si van dirigidos a empresas comunitarias o pequeños o micro propietarios.

Algo fundamental es que todas las plantaciones forestales, independientemente de su finalidad, debe quedar debidamente registradas, lo cual permitirá que sus dueños puedan aprovecharlas legalmente en el futuro y que se pueda transparentar el impacto de los recursos que se inviertan en producción de planta forestal y los apoyos que se otorguen para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones correspondan a superficies que existan en la realidad.

Esta es una de las líneas de política forestal a los que la sociedad civil organizada debe dar seguimiento, supervisión y evaluación ya que la desarticulación actual de sus componentes ha ocasionado dispersión y un ejercicio muy opaco de los recursos correspondientes.

Estamos convencidos que el incremento del manejo en bosques naturales y una inversión transparente en plantaciones y reforestación dará por resultado una sostenida reactivación productiva del sector.

6.  Impulso a la industria forestal sustentable con un enfoque de creación de redes de valor en las regiones forestales para la reactivación de la economía comunitaria

La industria forestal en México está estancada y mal distribuida, a pesar de que los ejidos y comunidades tienen la propiedad y posesión de la mayoría de los bosques solo tienen la mitad de la infraestructura de transformación que tienen los propietarios privados. Uno de los objetivos de política que planteamos es la reactivación y el impulso de la industria de las empresas comunitarias, lo cual permitirá crear empleos y elevar el nivel de vida dela población rural y contribuir a ir cerrando las brechas de desigualdad social.
También proponemos el impulso a un concepto de redes de valor en las regiones rurales, donde a partir de la producción primaria y el Manejo Forestal Comunitario se tejan redes de empresas de servicios y de agregación de valor lo cual representa la oportunidad de inclusión de jóvenes y mujeres a la población económicamente activa.

Es fundamental la modernización de la industria maderable y el impulso a la industria no maderable con el fin de darle viabilidad al manejo, aprovechamiento y fortalecimiento de todos los ecosistemas forestales. Así mismo, es necesario que la gran diversidad de fibras, follajes, raíces, aceites, resinas y exudados de nuestros ecosistemas forestales se aproveche de manera sostenible, se transforme preferentemente de manera local y se comercialice de manera justa, lo cual va a contribuir a la conservación de la biodiversidad y al bienestar de las comunidades forestales.

7.  Acceso universal al Crédito y reorientación del financiamiento.

Uno de los mayores rezagos en el sector forestal es el acceso al crédito y por lo tanto una dependencia excesiva de los subsidios para fomentar el desarrollo: durante casi todos los años de la presente administración el porcentaje de créditos colocados en el sector forestal por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) fue de alrededor del 1% del total de créditos colocados por la dependencia.

     Las causas de esta situación son múltiples: los proyectos forestales son multianuales, hay mucho desconocimiento de la actividad en las instituciones de financiamiento; la sincronización de los tiempos de gestión de subsidios y contratación de créditos es muy complicada; la cultura del crédito en el sector es muy incipiente y no existen productos crediticios especializados para el sector.

Proponemos la implementación de un programa de crédito forestal con instrumentos diseñados para esta actividad. Este programa debe diseñarse de manera que se pueda hacer sinergias con los recursos de los programas de subsidios y para que ejidos y comunidades sean elegibles para la obtención de créditos, ya que constituyen la mayor parte de los dueños y poseedores de los bosques.

Este programa podría ser operado a través del Fondo Forestal Mexicano, el cual requeriría también un rediseño para contar con un área de crédito que pueda coordinarse y hacer sinergia con las instituciones crediticias ya existentes como FND y FIRA, con ello se solucionaría el problema de la falta de áreas especializadas en la actividad forestal por parte de algunas instituciones de crédito y de soluciones crediticias que no están diseñadas para ejidos y comunidades.

De igual manera, proponemos que mediante una restructuración del Fondo Forestal Mexicano se constituya un área especializada en financiamiento que por una parte capte recursos públicos, privados, sociales, nacionales e internacionales, destinados a robustecer los fondos disponibles para el desarrollo forestal sustentable y por otra parte diseñe los mecanismos más eficientes para su colocación, haciendo sinergia con los recursos provenientes del presupuesto de egresos de la federación.

Actualmente existe mucha opacidad respecto a los beneficios que se obtienen de campañas privadas sobre temas ambientales donde el gobierno federal invierte recursos sin que exista una evaluación objetiva de cuáles son sus impactos sociales, ambientales y culturales, por lo que la captación y ejercicio de recursos a través de un área especializada y confiable, permitiría contar con un ejercicio más transparente de la inversión pública y privada así como de un seguimiento de sus impactos.



8.  Igualdad e inclusión para las mujeres en los bosques.

Al igual que la situación de los jóvenes, las mujeres en el medio forestal tienen un acceso limitado a la tierra y por lo tanto a los medios de vida y a ingresos de manera directa, por ejemplo, en ejidos y comunidades agrarias, apenas el 20% de los propietarios o posesionarios son mujeres[4].

Sin embargo, las mujeres rurales desempeñan un papel de liderazgo cada vez más importante y de manera creciente asumen la responsabilidad de cuidar y manejar las tierras, los bosques comunitarios y jugar un papel fundamental en las economías locales y en la defensa de los derechos comunitarios. Además, en regiones y comunidades con alta migración de varones hacia las ciudades y el extranjero, la supervivencia de las comunidades y de los ejidos dependen del extraordinario compromiso de las mujeres que mantienen vivas sus instituciones y consiguen buena parte del sustento de sus familias.

Atendiendo a esta situación de desigualdad que viven las mujeres en el medio rural y forestal y al potencial y papel estratégico que juegan en sus comunidades, proponemos un programa para fortalecer el papel de las mujeres en el manejo forestal comunitario y en las redes de valor y servicios relacionados.



9.  Atención al reto demográfico y de generación de empleo y oportunidades para la juventud en los bosques.

La sociedad rural ha evolucionado y crecido mucho desde la época del reparto agrario: en el sector forestal los ejidatarios y comuneros siguen siendo un grupo social fundamental, pero el grupo de población sin tierra es ya mayoritario y en él se encuentra la mayor parte la juventud rural y como lo señalamos al inicio del documento, 4 de cada 10 jóvenes en las regiones en los ejidos y comunidades están migrando, lo cual representa uno de los retos más importantes que tenemos como nación.

Proponemos que en el diseño de una nueva política forestal de largo plazo se considere el apoyo a la juventud de las comunidades forestales que, aun cuando no tenga tierra, pueda participar en las redes de agregación de valor a los productos forestales o en la prestación de servicios, debemos aprovechar el gran potencial que tiene la actividad forestal para generar más empleos de calidad que otras ramas productivas.

Consideramos que con un presupuesto similar al que se ha invertido anualmente en el sector forestal en el último sexenio, pero orientado al manejo y aprovechamiento sustentables así como a la formación y fortalecimiento de redes de valor y servicios, es posible duplicar la generación de nuevos empleos.

Estos nuevos componentes en las políticas públicas, no vulnerarán de manera alguna los derechos de ejidos, comunidades ni de pequeños propietarios.

Esta propuesta cobra particular importancia en un contexto donde la falta de oportunidades para la población rural debilita el tejido social y genera condiciones para que prosperen las actividades ilegales y del crimen organizado. Para algunos analistas, el alto nivel de operación del crimen organizado y de la ingobernabilidad en algunas, son en parte, una consecuencia de la escandalosa brecha de desigualdad social y la falta de opciones de vida digna en la sociedad rural y urbana.

10.         Revisión y fortalecimiento de las acciones sobre Bosques y Cambio Climático

     Destacamos la importancia del manejo sustentable de los bosques para contribuir a la lucha contra el Cambio Climático, la ONU estima que a nivel global, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) derivados de la destrucción y la degradación de los bosques equivalen a las emisiones de GEI de todo el sistema de transporte, las cuales representan el 20% de las emisiones totales. Así de grave es el problema forestal y de importante la oportunidad que el buen manejo y conservación de los bosques representan para detener el calentamiento global.

En la medida que México ocupa el 11º lugar entre los países con mayor superficie de bosques en el mundo y que es el 5º país en América con mayor superficie forestal (después de Brasil, Canadá, Estados Unidos y Perú) su contribución a la lucha contra el Cambio Climático no es de ninguna manera menor.

Si bien desde hace dos administraciones se ha dado una importante inversión de esfuerzos y recursos en la materia, incluyendo el Proyecto de Bosques y Cambio Climático y la Estrategia Nacional REDD+, se requiere una evaluación de los resultados a la fecha, una reorientación de estas acciones y una mayor altura de miras que la de depender de los recursos internacionales.

Es necesario reorientar de manera estratégica los recursos que se pueden captar de la cooperación internacional y de organismos multilaterales y diseñar los instrumentos que a nivel nacional podemos implementar para contar con mayor soporte de una línea de política en la materia que aproveche de manera estratégica las oportunidades de financiamiento y apoyo a nivel internacional pero que no dependa solo de estas.

Nuestra apreciación es que recursos considerables como los del Proyecto de Inversión Forestal (FIP) se han utilizado de manera inercial como una extensión de los programas de subsidios y no se han sido usados de manera estratégica para potenciar la inversión de recursos presupuestales del gobierno federal, incluso en algunos casos se han subejercido donativos como son los del componente del FIP destinado a fomentar el crédito en el sector forestal.

11.         Implementación efectiva de una política de Manejo del Fuego.

El Cambio Climático ha convertido a los incendios forestales en un fenómeno creciente al incrementar la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales y vemos cada vez una creciente incidencia y un escalamiento de los impactos en varios países -como sucedió de manera reciente en Chile y California, E. U.- y México debe tomar medidas al respecto.

La teoría básica en la materia señala tres condiciones indispensables para que ocurra un incendio: altas temperaturas, material combustible y oxígeno. De estos tres elementos, solo el material combustible puede ser controlado por el hombre mediante el manejo forestal sustentable, con el fin de que los incendios sean menos probables o menos dañinos.

Actualmente se estima que 100 millones de hectáreas están en riesgo alto y moderado de incendios y nuestras estimaciones son que solo 10 millones de hectáreas están bajo manejo, es decir en la mayor parte de la superficie en riesgo no se está haciendo manejo lo que significa que no se está haciendo prevención y que en áreas sin manejo cualquier evento de incendios se va a atender con la lógica de control y combate no de manejo del fuego. A lo anterior debe sumarse el hecho de que el presupuesto al sector forestal ha sido recortado severamente durante dos ejercicios, de manera que el riesgo de incendios va a la alza y cada vez hay menos dinero para atenderlo bajo la lógica de “bomberos forestales”.

Reconocemos los avances que se han dado en iniciar el cambio de un paradigma de control y combate del fuego a un paradigma de manejo del fuego y en el desarrollo de capacidades de las brigadas de combatientes forestales, sin embargo, para que este nuevo enfoque de Manejo del Fuego tenga coherencia necesitamos prevenir más que controlar y apagar incendios y eso solo se logrará incrementando la superficie bajo manejo forestal sustentable, donde el costo de la prevención se asuma como parte de los costos de la producción silvícola y para ello necesitamos que la silvicultura sea viable.

12. Participación Plena y Efectiva de las representaciones indígenas y campesinas en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas forestales que incidan de manera directa en los medios de vida de la población rural.

Proponemos el fortalecimiento del Consejo Nacional Forestal (CONAF), de la Mesa Indígena y Campesina del CONAF; del Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano y una nueva arquitectura de la Junta Directiva de la Comisión Nacional Forestal que incluya a las representaciones Indígenas y Campesinas como una medida de contrapeso social para contribuir a mantener las prioridades de política pública y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Destacamos que las organizaciones de la sociedad civil organizada logramos desde hace varios años que la ley forestal vigente le asignara al CONAF funciones de opinión, asesoramiento, supervisión, vigilancia y evaluación de políticas públicas, sin embargo, muchas de las cuales no se ejercen por la resistencia de los servidores públicos responsables a mantener un modelo de participación social únicamente consultivo que no se ha movido sustancialmente desde hace 25 años.

El ejercicio efectivo de las funciones de seguimiento, supervisión y vigilancia harán de este Consejo un potente instrumento ciudadano para fortalecer la transparencia en la política forestal, evitar la corrupción y aumentar la eficiencia del gasto público.
Consideramos también el impulso de un Observatorio sobre la criminalización de la defensa de los territorios, como una instancia colegiada entre sociedad civil y gobierno para elaborar un mapa de riesgos por conflictos socioambientales para identificar y contribuir a prevenir los riesgos para los defensores ambientales y del territorio, muchos de los cuales son indígenas y campesinos.

13.         Actualización del marco legal y normativo para fortalecer los derechos de indígenas y campesinos con el fin de asegurar que sean observados y respetados por las políticas forestales, las medidas administrativas y legislativas y los proyectos en sus territorios.

Es necesaria una revisión de la Ley Forestal, del reglamento, normas y protocolos en materia de derechos de indígenas y campesinos sobre participación, consulta y consentimiento libre, previo e informado, acceso a financiamiento para su desarrollo, respeto a su cultura y tradiciones, servicios ambientales, incluyendo la titularidad de derechos sobre la reducción de emisiones por deforestación y degradación y sobre los esquemas de distribución de beneficios. Mención especial merece la urgencia de darle a la Política de Conservación en regiones forestales un componente de respeto a los derechos humanos y que las Áreas Naturales Protegidas transiten a una política de conservación respetuosa de los derechos de indígenas y campesinos, particularmente en lo que se refiere al acceso a sus medios de vida.

Proponemos también una campaña de información y desarrollo de capacidades entre servidores públicos del sector ambiental sobre los derechos que tienen los indígenas y campesinos sobre la tierra, los recursos forestales, la participación, consulta, el respeto a su cultura, entre otros, con el fin de que se pueda ir incorporando este componente en todos los aspectos de la política forestal.

Cabe destacar que hay derechos ya reconocidos en la ley forestal como el consentimiento libre, previo e informado y las salvaguardas pero que ha faltado interés y voluntad política para su reglamentación. Creemos que el mensaje debe ser claro: No hay mejor política que aquella que respeta los derechos de la gente.

14.         Fortalecimiento de salvaguardas sociales y ambientales ante la criminalización de defensores de los bosques. En el informe del año 2017 la organización Global Witness ubica a América latina como la región del mundo más peligrosa para los defensores ambientales y a México como el 4º país más peligroso a nivel global en esta escala.

Ante esta preocupante situación donde se criminaliza, se agrede y se asesina a los defensores de los territorios indígenas y comunitarios, proponemos el impulso entre sociedad civil, la Secretaría de Gobernación, SEMARNAT, CONAFOR, CDI, PGR y demás dependencias relacionadas la implementación de un sistema de salvaguardas sociales y ambientales y de mecanismos obligatorios para asegurar su cumplimiento, para ello se requiere fortalecer en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y en su Reglamento, los contenidos ya existentes en materia de salvaguardas.
Hacemos un llamado a los candidatos a Presidente de la República, a los Candidatos al Congreso de la Unión y a la Sociedad en general a analizar nuestras propuestas, a debatirlas y a que no dejemos pasar la oportunidad de rescatar a los bosques y contribuir a la construcción de un país más próspero y más justo
                               
A t e n t a m e n t e
Organizaciones que integramos la Campaña Bosques con Gente Bosques para Siempre

1.    Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF)
2.    Red Indígena de Turismo de México (RITA)
3.    Unión de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca A. C. (UESCO)
4.    Bosques y Gobernanza A. C.
5.    Calixaxan A.C
6.    Asociación Regional de Silvicultores de Totonacapan “Limaxtum” A. C.
7.    Asociación de Silvicultores de la Sierra de Zongolica A. C.
8.    Servicios Múltiples para el Desarrollo Agroempresarial A. C.
9.    Red Coahuilense de Organizaciones Sociales y Productivas A. C.
10. Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva Mariposa Monarca A.C
11. Silvicultores y Productores Agropecuarios Quetzalpapalotl A. C.
12. Unión de Ejidos Producción, Explotación, Comercialización, Industrialización, Agropecuaria y Forestal de la Sierra Norte de Puebla.
13. Silvícola Ocote Real S.C. de R.L. de C.V.
14. Asociación Local de Silvicultores de la Meseta Purépecha A. C.
15. Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios Gral. Hermenegildo Galeana
16. Paso a Paso Contigo, A. C.
17. Asociación de Silvicultores por una Gobernanza Activando Tamaulipas
18. Poblados Unidos de la Costa de Jalisco
19. Iniciativa Durango Nuestra Tierra A. C.
20. Asociación Regional de Silvicultores (ARS) Valles y Montañas de los Cuxtepeques, A. C.
21. Texcotli Productores y Artesanos del Estado de México A. C.
22. S. S. S. Cualtletepetl S. C. de R. L.
23. Sociedad Cooperativa Tepezila
24. S. S. S. Petlacala
25. Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica, OCISZ
26. Café Zincalco S. C. de R. L.
27. Pueblos del Agua A. C.
28. Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada “Sotoleros de la Sierra de Parras, Coahuila”
29. Kachiquines S.C. de R.S.
30. Productores Orgánicos de Tepatlaxco S.P.R. De R.L.
31. Unidad de Manejo Forestal Regional Istmo Pacifico A. C.
32. Comité Regional de Recursos Naturales de la Costa de Oaxaca A. C.
33. Unión de Comunidades de la Sierra Juárez A. C.
34. Consejo de los Recursos Naturales de la Región Cañada de Oaxaca
35. Comité de Recursos Naturales de la Sierra Sur Zimatlán Sola de Vega Valles Centrales A. C.
36. Comité Regional de Recursos Naturales Yautepec Istmo A. C.
37. Consejo Regional de Recursos Naturales del Papaloapan Oaxaca A. C.
38. Comité Regional de Recursos Naturales de la Mixteca Tlaxiaco Putla Juxtlahuaca A. C.
39. Unidad de Manejo Forestal Regional Sierra Sur Miahuatlán Pochutla A.C.
40. Unión de Comunidades Zapotecas y Chinantecas de la Región Villa Alta Petlapa A. C.
41. Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de las Cordilleras de Valles Centrales A. C.
42. Comité de Recursos Naturales Mixe Choapam A. C.






[1] La campaña Bosques con gente Bosques para Siempre, en el ánimo de utilizar un lenguaje sencillo, usa la palabra bosques para referirse al conjunto de ecosistemas forestales de México como son: bosques templados, bosques nublados, selvas húmedas, selvas secas, matorrales, pastizales
y manglares.
[2] Chapela Gonzalo. “Problemas y oportunidades en el Mercado para las empresas sociales forestales en México”. USAID, UACH, CCMSS, enero 2012
[3]  Morett-Sánchez, Cosío-Ruíz. “Panorama de los ejidos y comunidades agrarias en México”. Agricultura, sociedad y desarrollo, vol. 14 no.1 Texcoco ene./mar. 2017

[4] Morett-Sánchez, Cosío-Ruíz. “Panorama de los ejidos y comunidades agrarias en México”. Agricultura, sociedad y desarrollo, vol. 14 no.1 Texcoco ene./mar. 2017