lunes, 11 de abril de 2016

Organismos internacionales exigen liberar a indígena preso por defender los bosques



El gobierno del estado de México acusa a Ildefonso Zamora de un robo que no cometió

De la Redacción
Periódico La Jornada, p. 6
 
La Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), revisa el caso del indígena tlahuica Ildefonso Zamora, preso desde hace cuatro meses en el estado de México bajo acusaciones falsas de allanamiento y robo en propiedad.


El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Greenpeace informaron que el caso también fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura, a las que les notificaron sobre los abusos y la detención arbitraria cometidos por las autoridades del estado de México, encabezadas por el gobernador Eruviel Avila.
 
Incluso se informó que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos emitió una condena enérgica por el hostigamiento judicial en contra del líder ambientalista Ildefonso Zamora, además de que denuncia las violaciones flagrantes al debido proceso. Por ello exhorta a las autoridades mexicanas a que pongan en libertad al detenido.

La Organización Mundial contra la Tortura aglutina a más de 300 organizaciones en el mundo, entre ellas las Abuelas de la Plaza de Mayo, el grupo dedicado a encontrar y reunir con sus verdaderas familias a hijos e hijas, nietos y nietas que fueron secuestrados durante la dictadura argentina.

En 2007, su activismo costó a Ildefonso Zamora la vida de su hijo Aldo, quien fue asesinado por taladores ilegales. Poco tiempo después el gobierno del presidente Felipe Calderón le entregó un reconocimiento a él y a los comuneros de su localidad por su lucha en defensa de los bosques.

Desde hace casi 20 años, el líder indígena ha defendido de los taladores ilegales el medio ambiente en San Juan Atzingo, dentro del Gran Bosque de Agua, región amenazada actualmente por el proyecto de la carretera Lerma-Tres Marías.
El pasado 20 de noviembre, policías ministeriales lo detuvieron sin orden de aprehensión y violando sus derechos humanos, acusándolo de un robo que no cometió, para detener su lucha.

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