El gobierno del estado de México acusa a Ildefonso
Zamora de un robo que no cometió
De la Redacción
Periódico La Jornada, p. 6
La Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos,
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), revisa el caso del indígena
tlahuica Ildefonso Zamora, preso desde hace cuatro meses en el estado de México
bajo acusaciones falsas de allanamiento y robo en propiedad.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez y Greenpeace informaron que el caso también fue presentado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Mundial contra la
Tortura, a las que les notificaron sobre los abusos y la detención arbitraria
cometidos por las autoridades del estado de México, encabezadas por el
gobernador Eruviel Avila.
Incluso se informó que el Observatorio para la
Protección de los Defensores de Derechos Humanos emitió una condena enérgica
por el hostigamiento judicial en contra del líder ambientalista Ildefonso
Zamora, además de que denuncia las violaciones flagrantes al debido proceso.
Por ello exhorta a las autoridades mexicanas a que pongan en libertad al
detenido.
La Organización Mundial contra la Tortura aglutina
a más de 300 organizaciones en el mundo, entre ellas las Abuelas de la Plaza de
Mayo, el grupo dedicado a encontrar y reunir con sus verdaderas familias a
hijos e hijas, nietos y nietas que fueron secuestrados durante la dictadura
argentina.
En 2007, su activismo costó a Ildefonso Zamora la
vida de su hijo Aldo, quien fue asesinado por taladores ilegales. Poco tiempo
después el gobierno del presidente Felipe Calderón le entregó un reconocimiento
a él y a los comuneros de su localidad por su lucha en defensa de los bosques.
Desde hace casi 20 años, el líder indígena ha
defendido de los taladores ilegales el medio ambiente en San Juan Atzingo,
dentro del Gran Bosque de Agua, región amenazada actualmente por el proyecto de
la carretera Lerma-Tres Marías.
El pasado 20 de noviembre, policías ministeriales
lo detuvieron sin orden de aprehensión y violando sus derechos humanos,
acusándolo de un robo que no cometió, para detener su lucha.
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