NOTA DEL DÍA
Por
Israel Dávila, corresponsal
Lun, 11
abr 2016 14:33
San
Francisco Xochicuautla, 11 de abril de 2016. El líder otomí Armando García,
opositor al proyecto de autopista Toluca-Naucalpan, dice que su vivienda fue
derribada, de manera ilegal, sin aviso y con apoyo de policías del Estado de
México.
Los
pobladores de Xochicuautla señalaron que esta acción “no sólo es un acto de
provocación de la autoridad y el concesionario, sino además es una franca
violación a la suspensión definitiva que obtuvo la comunidad en un juicio de
amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en la entidad,
contra el decreto de expropiación del año pasado.
El
ingreso de la policía causó fricciones entre los habitantes de Xochicuautla que
demandaban la salida de los uniformados, pues violaban la suspensión
provisional y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional del
Derechos Humanos quien a finales del año pasado pidió a la Comisión de
Seguridad Ciudadana dejar de hostigar a los pobladores de esta localidad.
La
policía del estado se apostó en varios parajes de la zona boscosa de
Xochicuautla que hasta la fecha habían sido respetados por Autovan para no
generar choque con la población que se opone a la autopista, pero además
desmanteló y destruyó el campamento de Digna Resistencia que el Frente de
Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra había instalado en la
parte alta de la montaña para evitar el avance de las obras.
En su
irrupción, los uniformados destruyeron el campamento que tenían los comuneros
en la montaña para evitar el ingreso de maquinaria y la deforestación .
Por la
tarde, maquinaria pesada demolió una vivienda, propiedad del delegado Armando
García Salazar, pues esta se encuentra dentro del polígono expropiado. García
Salazar manifestó que ni los policías ni el personal de Autovan le dieron
oportunidad de sacar sus pertenencias y calificó el hecho como ilegal pues su
casa también estaba protegida con la suspensión provisional decretada por la
justicia federal.
Xochicuautla
lleva más de 8 años luchando jurídica y socialmente en contra de este proyecto
carretero que conectará la zona de Interlomas, en Huixquilucan, con el
aeropuerto internacional de Toluca, Adolfo López Mateos.
El año
pasado, el presidente Enrique Peña Nieto decretó la expropiación de 37
hectáreas del núcleo comunal de Xochicuautla, para poder terminar la carretera
que lleva más de seis años de retraso.
Los
pobladores de Xochicuautla denunciaron que el gobierno federal nunca hizo la
consulta a la que estaba obligado para poder emitir el decreto expropiatorio,
por lo que promovió un juicio de amparo contra la expropiación. El juez quinto
de distrito en materia administrativa y de amparo decretó en febrero pasado la
suspensión definitiva, en donde ordena al concesionario a no realizar obras ni
invadir predios de Xochicuautla, hasta que no se emita la sentencia final en
este juicio de amparo.
Hoy, más
de 500 policías ingresaron alrededor de las 10 de la mañana a Xochicuautla y se
apostaron en los parajes de Buenavista, El Pilote, La Gonda, y Llano de los
Berros, donde llegó maquinaria pesada para abrir brecha y continuar con el
trazo de la carretera.
Los
habitantes de Xochicuautla rechazan la autopista pues implica la deforestación
de miles de arboles del llamado Bosque de Agua, donde se recarga gran parte del
acuífero del Lerma, además de que el sitio es un lugar sagrado para los otomíes
de la zona.
Señalan
que la autopista será el inicio de la urbanización de esta zona boscosa,
considerado uno de los pulmones del Valle de Toluca.
La
comunidad demandó la presencia de personal de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para que constaran la situación. Fue cuatro horas después del
arribo de los policías, cuando la CNDH tomó nota de los hechos.
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