BOLETIN DE PRENSA "BOSQUES CON TODOS" 15 de agosto de 2018.

ORGANIZACIONES DE DIFERENTES SECTORES PROPONEN CONSTRUIR NUEVA E INCLUYENTE POLÍTICA FORESTAL 

- Comunidades, profesionales, académicos, industriales y organizaciones de sociedad civil presentan la iniciativa “Bosques con todos” 

- Incluye 10 propuestas de política forestal para el gobierno electo, que atienden temas pendientes 

- Solicitan proceso participativo amplio para la construcción de política forestal 

Organizaciones de comunidades, académicos, profesionales forestales, pueblos indígenas, de la sociedad civil e industriales, se reunieron para hacer pública una propuesta integral de política forestal, dirigida al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición, a la que llamaron “Bosques con todos. Propuesta de una nueva política forestal”. 

Entre las propuestas destacan: 

1-. Un plan estratégico de mediano y largo plazo, de carácter vinculante, generado de manera incluyente y participativa, que establezca una política clara para los próximos años 

2 Perspectiva de derechos humanos en la política forestal, lo que incluye la actualización del marco legal y la armonización del mismo con diferentes compromisos internacionales, así como el fortalecimiento de los Consejos de consulta ciudadana. 

3- Impulso al Manejo Forestal Comunitario, concebido como modelo de aprovechamiento de bosques, selvas y zonas áridas en forma colectiva y organizada. Incluye la producción forestal sustentable y legal ejecutada y administrada directamente por núcleos agrarios y pequeños propietarios, así como el cultivo, protección, y eventualmente, participación en fases posteriores de agregación de valor con un enfoque integral, orientado a la generación local de oportunidades. 

4- Fomento a la producción forestal sustentable. Incrementar el presupuesto destinado al sector forestal. Crear un área de fomento especializada en servicios financieros, con bolsa económica garantizada para un financiamiento adecuado y suficiente y con mecanismos para la constitución de garantías y fondos revolventes. 

5- Inversión pública incluyente, eficaz y transparente, orientada a: a) Manejo forestal sustentable comunitario, encauzado al cultivo, cosecha e industrialización primaria de menor escala en redes locales de valor; b) Industria de mayor escala y complejidad tecnológica. 

6- Conservación y servicios ambientales. Desarrollar acciones que aseguren y mejoren la provisión de los servicios ambientales en el tiempo: promover el manejo productivo sustentable, el ordenamiento territorial; frenar el avance de agricultura y ganadería extensiva en áreas forestales y fortalecer esquemas de reforestación motivando la recuperación de especies locales y retomando el papel productivo de los acahuales. 

7- Un marco legal progresista y aplicable. La recién publicada Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene inconsistencias que es necesario modificar. Paralelamente, se debe formular su Reglamento y necesario revisar y actualizar las normas oficiales mexicanas existentes para el sector, además de elaborar la norma de evaluación de servicios técnicos forestales. 

8- Una nueva institucionalidad, que cubra necesidades del sector. Sus objetivos son: gestión participativa; fortalecimiento regional y descentralización; suficiencia gubernamental para atender la agenda y acercarse al terreno; agilizar trámites, supervisión y evaluación técnica y concurrencia intersectorial. 

9- Fomento a la investigación, desarrollo de capacidades e impulso a la asistencia técnica. Formar hombres y mujeres para generar conocimientos, desarrollar tecnologías y llevar las soluciones al bosque y a sus habitantes, muchos de ellos identificados como grupos en situación de vulnerabilidad. 

10- Atención a las agendas de cambio climático, biodiversidad, desertificación y política forestal. México debe destacar en el cumplimiento de convenios ambientales internacionales en materia ambiental; especialmente: la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación, las cuales es necesario atender en materia forestal. 

En la presentación del documento “Bosques para todos. Propuesta de una nueva política forestal”, los expositores subrayaron que ““No obstante los recursos y esfuerzos de las administraciones pasadas, el que ahora termina fue un sexenio de pocos avances en política forestal”, de ahí la importancia para los bosques de la transición que estamos viviendo. “Se tiene una enorme expectativa por un verdadero cambio que permita reactivar la producción forestal sustentable”, coincidieron. 

La reactivación del sector puede detonar la generación de empleos permanentes de calidad en el medio rural para jóvenes y mujeres, revertir la balanza comercial forestal negativa que rebasa ya los 7 mil millones de dólares anuales y cada año aumenta y garantizar la permanencia y mejoramiento de los recursos forestales y los servicios ambientales que proveen. Para esto se debe hacer transparente y eficiente la inversión pública, así como conciliar la producción forestal sustentable con la conservación del capital natural, en un marco de respeto a los derechos de indígenas y campesinos y demás actores del sector, coincidieron los convocantes.

Las organizaciones señalaron que se debe incorporar todo el potencial de la actividad forestal a la economía formal del país, en tanto que hoy representa menos de 1% del PIB. Asimismo, se debe revertir la pobreza y marginación en que se encuentran sumidos los 12 millones de habitantes de los territorios forestales fundamentales del país (más de 130 millones de ha. del territorio nacional). 

Las propuestas de “Bosques con Todos” buscan retroalimentar el Plan Nacional de Desarrollo; plantean un Programa Estratégico Forestal, transexenal y vinculante, de mediano y largo plazo e incluso reformar algunos puntos pendientes de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Entre las organizaciones convocantes se encuentran AMBIO, la Academia Nacional de Ciencias Forestales (ANCF), Asociación Mexicana de Plantadores Forestales (AMEPLANFOR), Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF), Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Red Indígena de Turismo de México (RITA) y Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF). Solicitaron la apertura de un espacio participativo amplio donde, a partir de la experiencia de representantes de todos los sectores vinculados al aprovechamiento forestal se puedan hacer propuestas que enriquezcan la agenda del gobierno de transición. 

Más información: Cecilia Navarro (bcecilia.navarro@gmail.com), Gerardo Suárez (gsuarez@ccmss.org.mx) y Olivia Olivar (olivia_olivar@outlook.com ). 

ARCHIVO PDF "BOSQUES CON TODOS"

DESCARGAR

 BOLETÍN DE PRENSA

ORGANIZACIONES PROPONEN AL NUEVO GOBIERNO UNA MESA INDÍGENA CAMPESINA INCLUYENTE SOBRE LA NUEVA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA FORESTAL, AMBIENTAL Y DE DESARROLLO RURAL 

•   El cambio de gobierno es una gran oportunidad para romper la inercia de que las políticas son diseñadas solo con la participación de élites

•  Confían en que el equipo ambiental de la nueva administración se integre por servidores públicos con trayectoria de respeto a derechos humanos 

• Solicitan que la actual administración abra una discusión amplia sobre el reglamento de la nueva ley Forestal y reconozca el derecho de comunidades sobre REDD+ 

31 de julio de 2018, Ciudad de México. Representantes de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), de la Red indígena de Turismo de México (RITA) y de la Unión de Ejidos Forestales Hermenegildo Galeana, miembros de la campaña Bosques con Gente, Bosques para Siempre, en conferencia de prensa y acompañados por el actor Mario Loría, propusieron al nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, la realización de una mesa indígena y campesina incluyente sobre la nueva política pública en materia forestal, ambiental y de desarrollo rural, para romper con la inercia de que las políticas públicas se diseñan solo con la participación de funcionarios y algunas élites participativas. 

Los representantes indicaron que, en las últimas administraciones, la construcción de políticas forestales no ha incluido la participación de los ejidos y comunidades, a pesar de ser ellos los propietarios de la mayor parte de los bosques, de haber demostrado ser los mejores guardianes de su biodiversidad, y de ser los herederos y transmisores del conocimiento ancestral. 

Precisaron que, tras los resultados de la elección, en las comunidades forestales hay un gran entusiasmo y expectativa sobre las políticas forestales, ambientales y de desarrollo rural que impulsará la nueva administración y un gran interés en participar en el diseño de la misma. 

Subrayaron que en el medio rural las comunidades forestales suelen ser las más alejadas de las cabeceras municipales y centros de población, y enfrentan mayores barreras para participar en políticas públicas que les afectan de manera directa. 

Gustavo Sánchez, Presidente de Red MOCAF, indicó que el lapso previo al 1 de diciembre, es una gran oportunidad para la unidad y la inclusión, y para que el equipo de transición abra un espacio de participación en el que las organizaciones indígenas y campesinas forestales presenten sus propuestas y contribuyan al diseño de la política en la materia. Indicó que hay importantes coincidencias entre las propuestas de las organizaciones campesinas y las que diera a conocer el equipo de medio ambiente del próximo gobierno, destacando el fortalecimiento de la participación ciudadana como un derecho humano fundamental. 

Ricardo Campos, Presidente de RITA, precisó que la apertura y la relevancia que el virtual presidente electo dio a la agenda de los derechos indígenas desde la noche del 1 de julio, abre la posibilidad de que se fortalezca y respete el ejercicio de los derechos, como es la  consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, pues actualmente existen muchas resistencias entre los servidores públicos. Aseguró que se requiere que la nueva administración capacite tanto a los funcionarios como a las organizaciones de la sociedad civil sobre el tema. 

De la Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana, Joaquín Núñez señaló que las organizaciones locales y regionales son el vínculo directo entre ejidos y comunidades con el gobierno y otros actores, para el diseño de las políticas forestales: "es necesario que nos inviten a participar". Destacó que ya se ha solicitado a los legisladores electos priorizar la inversión en caminos, para que la industria forestal comunitaria sea más competitiva y aseguró que es fundamental que el equipo que lleve el tema ambiental en la próxima administración esté integrado por servidores públicos convencidos de la importancia de la participación ciudadana y que tengan una trayectoria de respeto a los derechos humanos. 

A su vez, Nansedalia Ramírez, del Colectivo Jóvenes Protectores del Medio Ambiente del estado de Guerrero, señaló que las propuestas desde las organizaciones locales deben incluir alternativas de empleo digno para los jóvenes y las mujeres, a partir del impulso de redes de valor agregado y servicios derivadas del manejo forestal comunitario, para lo que propuso la creación de un programa de apoyo a jóvenes y mujeres en ejidos y comunidades forestales. 

El actor Mario Loría señaló que se ha interesado en apoyar a las organizaciones campesinas e indígenas, pues ha notado que la ciudadanía en general, sólo asocia las campañas de reforestación con el cuidado de los bosques, sin considerar a quienes los habitan y mantienen. Es por ello -dijo- que se ha integrado como vocero de la campaña Bosques con Gente, Bosques para Siempre, para que las propuestas de las comunidades sean tomadas en cuenta. 

Entre los temas fundamentales que los representantes consideran que se deben discutir, están: fortalecer la participación ciudadana y la participación plena y efectiva de ejidos y comunidades en la definición de las políticas y programas forestales; reactivar urgentemente la producción forestal sustentable y de las redes de valor; combatir la madera ilegal que inunda y deteriora el mercado, y deforesta; diseñar una nueva política de áreas naturales protegidas que respete los derechos de indígenas y campesinos; optimizar el presupuesto para impulsar una nueva política de plantaciones y reforestaciones productivas, así como revisar la Ley Forestal recientemente aprobada para impulsar la reforma inmediata de los artículos que representan un retroceso en materia de derechos de los pueblos indígenas y locales, como son los relacionados con la biodiversidad y los recursos biológicos y genéticos forestales.  

A la actual administración le demandan concluir con responsabilidad y respeto a los derechos de pueblos y comunidades indígenas y locales, sobre todo en cuanto a las negociaciones sobre la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+), donde se debe reconocer que los titulares de los derechos sobre el carbono forestal son los dueños de los bosques. Lo que sienta un precedente para futuras políticas climáticas, de desarrollo de mercados y de esquemas de compensación. 

También demandaron que esta administración informe a la población de los ejidos y comunidades sobre el contenido de la nueva Ley Forestal y se abra a que participen con propuestas en la elaboración del reglamento correspondiente, el cual les afecta de manera directa. 

BOLETÍN DE PRENSA

 En el Día Mundial Del Medio Ambiente, Ejecutivo promulgará nueva Ley Forestal con contenido anticonstitucional, regresivo y confuso

·      Incluye contenidos que significan un retroceso anticonstitucional en materia de derechos humanos y que pudieron haber sido observados por el Poder Ejecutivo

·      Con esta ley el Poder Ejecutivo y Legislativo dejan “monumento a la confusión”, que debe someterse a corrección inmediata en el sexenio próximo

·      El proceso de aprobación de dicha ley es “vergonzoso”, ya que violó el derecho a la Consulta de Pueblos, Comunidades Indígenas y equiparables

Ciudad de México, 03 de junio del 2018. Ante el anuncio de la promulgación de la nueva Ley Forestal como acto central de la administración federal en el Día Mundial del Medio Ambiente, la Red Mexicana de Organizaciones campesinas Forestales (Red MOCAF) advierte que la nueva ley forestal es producto de un proceso vergonzoso donde se discriminó la participación de los indígenas y campesinos que son dueños de la mayor parte de los bosques en México.

Al respecto, Gustavo Sánchez Valle, presidente del organismo señaló que “el hecho de que una ley con tantos claroscuros, limitaciones y violaciones a derechos se convierta en el eje del festejo oficial del día Mundial del Medio Ambiente refleja la carencia de avances significativos en materia ambiental y ahora en redes sociales y en medios de comunicación nos quieren vender la idea de que la nueva ley representa la salvación de los bosques”.

Refirió que el Partido Verde ha iniciado una campaña publicitaria en redes sociales con claros fines electorales, con la etiqueta #LeyForestalDelVerde, donde se autoproclama como el “salvador de los bosques y lanza mensajes absurdos, por ejemplo, pretenden hacer creer a la ciudadanía que con una ley muy cuestionada, que se promulga a final del sexenio, se van a crear 11 millones de empleos bien pagados”. Empero, dicho partido ha tenido la conducción del sector ambiental desde 2012 y no logró sacar la producción forestal sustentable de su estancamiento y, además teniendo mayoría (junto con el PRI) en la Cámara de Diputados, permitió un recorte presupuestal al sector forestal del 50%.

Sánchez Valle consideró que el titular del Poder Ejecutivo tuvo la oportunidad de observar las deficiencias y retrocesos de la ley y hacerlas del conocimiento del Congreso, sin embargo, dejó transcurrir el plazo constitucional que existe para ello sin hacer nada y “al parecer, es más importante anunciar la promulgación de la ley en el Día Mundial del Medio Ambiente que tener un producto legislativo coherente y progresista”.

Producto legislativo disparejo y regresivo

El representante de MOCAF reconoció que la nueva ley incorpora algunas propuestas de la sociedad civil en materia del reconocimiento y fomento al manejo forestal comunitario y sobre el fortalecimiento de las salvaguardas sociales y ambientales; pero “estos avances palidecen ante los severos retrocesos en materia de derechos sobre biodiversidad en los bosques y ecosistemas forestales y además la confusión en distribución de competencias entre CONAFOR y SEMARNAT que genera esta ley va a dificultar el manejo sustentable y legal de los bosques y alentar el movimiento de madera ilegal. “Es un producto legislativo muy disparejo y regresivo que refleja la falta de un proceso incluyente de participación ciudadana y de participación plena y efectiva de Pueblos y Comunidades indígenas y equiparables”.

La nueva ley –subraya-- observa un grave retroceso en materia de derechos humano de la comunidades indígenas sobre biodiversidad, ya que la ley aún vigente considera como recursos biológicos forestales tanto a las plantas como los animales; la ley por promulgarse solo considera a las plantas y abre un vacío jurídico gigantesco al no considerar a todos los organismos del reino animal (art. 7, fracción XLVI), lo cual puede ser aprovechado por terceros interesados en usufructuar los recursos biológicos de los bosques sin respetar los derechos de las comunidades.

La ley que se promulgará quita varios candados que ayudaban a las comunidades a hacer respetar sus derechos en materia de biodiversidad y estos cambios favorecen a terceros interesados en autorizaciones de colectas de recursos biológicos y recursos genéticos, así como en registros, certificados y patentes sobre la biodiversidad, “son una invitación a la biopiratería” (artículos 86 y 87), detalló Sánchez Valle.

Aclaró que en la ley aún vigente se señalaba que los autorizaciones de colecta que no hubieran respetado el derecho de consentimiento de las comunidades podrían revocarse; de igual manera se señala que los registros, certificados y patentes que no hubieran respetado los derechos de las comunidades serían declarados nulos. Estos candados fueron eliminados y son un claro retroceso en los derechos humanos de las comunidades sobre la biodiversidad.

Otro aspecto grave –puntualizó-- en la nueva ley es que se elimina el actual Objetivo General V, el cual señala que las comunidades indígenas tienen acceso preferente a los recursos forestales. Esto tiene graves consecuencias frente a las amenazas que enfrentan comunidades, ejidos y pequeños propietarios frente a proyectos mineros, hidroeléctricos o agroindustriales y es otro claro retroceso en materia de derechos.

El representante de MOCAF añadió que una más de las deficiencias de la nueva ley es la complicación en los trámites para el manejo y aprovechamiento forestal sustentable en “lo relativo a la imposición de medidas provisionales de sanidad: el artículo 62 de la nueva ley señala que la Secretaría o la Comisión podrán hacerlo, es decir, ¿se van a crear áreas paralelas en dos dependencias con las mismas facultades?

Otra incoherencia de la nueva ley es que dos artículos consecutivos (Art. 68 y 69) se refieren a las autorizaciones que le corresponden a la SEMARNAT, pero repiten temas y los frasean de manera distinta; son confusos.

En materia de atribuciones para el otorgamiento de las remisiones forestales o cualquier documento que acredite la legal procedencia y/o transportación de los recursos forestales (art. 70 y 71) la nueva ley es un “monumento a la confusión” ya que señala que dichas atribuciones son de ambas dependencias (SEMARNAT y CONAFOR) , lo cual viene a complicar el control de los documentos de transporte de madera y productos forestales; duplica funciones en dos dependencias sin establecer mecanismos de coordinación y seguramente alentará el movimiento de madera ilegal, expone Gustavo Sánchez.

Las organizaciones que integran Red MOCAF, resalta, han contribuido enormemente para que la nueva ley forestal no sea tan regresiva como se planteaba en la iniciativa original y que con el apoyo de legisladores y legisladoras progresistas se logró hacer un control de daños, pero aún persisten contenidos muy graves que lesionan los derechos de indígenas y campesinos por lo que estas organizaciones harán uso de todos los medios a su alcance para defender los derechos de sus representados. “Confiamos en que todos los mexicanos, con nuestro voto, optemos por una administración federal y una legislatura más progresistas que las actuales”, puntualizó.

Boletín de Prensa

Organizaciones forestales dan a conocer su balance de la Ley Forestal aprobada por el Congreso

·      Pedirán al titular del Ejecutivo se aplace su entrada en vigor y se realice la consulta, la inclusión de algunas propuestas de la sociedad civil no sustituye el respeto a este derecho.

·      La nueva ley alienta la biopiratería y la violación de los derechos de las comunidades indígenas

·      Además de los vicios de origen, las inconsistencias aprobadas reflejan un mal trabajo legislativo, producto de la falta de apertura a la participación social

·      Reconocen que intervención de legisladores de MORENA, PRD, MC y PAN y de organizaciones sociales impidieron que la Ley fuera más regresiva

Ciudad de México, 29 de abril del 2018. Gustavo Sánchez, Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) informó que las organizaciones indígenas y campesinas que forman parte de esta organización han hecho un primer balance de la Ley Forestal aprobada el pasado 26 de abril del año en curso el cual considera que el resultado no es motivo de celebración ya que pone en evidencia de que a casi 30 años de la adopción del Convenio 169 por la OIT, el respeto del derecho de indígenas y campesinos a la consulta es aún en México algo que se hace por excepción cuando debería de ser una práctica común.

Indicó que la violación del derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada de Pueblos, Comunidades Indígenas y Comunidades Equiparables, quienes tienen los derechos de la mayor parte de los recursos forestales en México, es un motivo suficiente para recurrir ante diferentes instancias para demandar que la nueva Ley Forestal no entre en vigor hasta que se respete este derecho. Una de las instancias a las que recurrirán las organizaciones será al titular del poder ejecutivo.

La omisión de la consulta deja en estado de indefensión a indígenas y campesinos frente a modificaciones de una ley que los afecta de manera directa y aseguró que al no saber este importante sector de la población que se está discutiendo una ley forestal, no tiene la oportunidad de opinar y de participar y mucho menos de defenderse de medidas legislativas que vayan en contra de sus derechos.

Gustavo Sánchez indicó que “…Red MOCAF reconoce que la participación de diputados y senadores de MORENA, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano y la de muchas organizaciones de la sociedad civil impidieron que la ley fuera más regresiva y que se incluyeran varias propuestas importantes que elaboramos entre varias organizaciones sociales, sin embargo aunque se redujeron los daños, esto no justifica la falta de consulta y en la nueva ley hay contenidos muy preocupantes en contra de indígenas y campesinos además de fuertes inconsistencias y se perdió la oportunidad de incluir temas que son fundamentales como la planeación forestal a largo plazo de manera vinculante y una visión integral para fortalecer la legalidad en el mercado de la madera y productos forestales”.

Acotó que entre los contenidos propuestos por las organizaciones sociales y que se incluyeron en la ley están el reconocimiento e impulso del manejo forestal comunitario y el fortalecimiento del tema de salvaguardas sociales y ambientales, sin embargo reiteró que la dinámica en la aprobación de nuevas leyes no debe ser avanzar en algunos derechos y retroceder en otros, ya que el artículo primero de la constitución señala claramente el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

Indicó que las organizaciones que forman parte de Red MOCAF y organizaciones aliadas, se encuentran revisando el contenido de los 163 artículos que contiene la ley aprobada, de acuerdo al texto publicado en la gaceta parlamentaria del jueves 26 de abril del año en curso y que han identificado ya los siguientes contenidos que son regresivos:

Se elimina el objetivo general V de la ley forestal vigente (Artículo 2 tanto en la ley vigente como en la aprobada), el cual señala: “…Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas, en los términos del artículo 2 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable”

Explicó que en esta ápoca de amenazas a los territorios indígenas y comunitarios, por proyectos de alto impacto ambiental y social, este artículo es fundamental, porque de manera explícita señala que las comunidades indígenas tienen acceso preferente a los recursos forestales y claramente su eliminación en la nueva ley tiene una intencionalidad de hacerles más difícil el que se respeten sus derechos.

Añadió que otro aspecto muy preocupante es acerca de los derechos de las comunidades indígenas sobre los llamados recursos biológicos forestales ya que la ley vigente  se vuelve muy laxa en materia del respeto de estos derechos favoreciendo la biopiratería al eliminar los siguientes contenidos clave del artículo 102 de la ley forestal vigente, el cual corresponde al artículo 81de la ley aprobada:

“…El registro y certificaciones de los recursos genéticos forestales o de formas modificadas de las mismas, así como las patentes obtenidas por personas físicas o morales, será jurídicamente nulo, sin el reconocimiento previo indicado, salvo lo acordado en los tratados y convenios internacionales relativos a la materia.”

“…Podrá revocarse el permiso correspondiente si se acredita que no se satisficieron los requisitos mencionados”

Al eliminar estos contenidos, la nueva ley le hace más complicado a las comunidades indígenas el proteger su patrimonio y envía señales de impunidad que alientan la biopiratería, señaló Gustavo Sánchez y añadió que además la nueva ley modifica la definición de recursos biológicos y deja todo el reino animal fuera y por lo tanto no sujeto a la regulación para fines de colecta ni a que se respeten los derechos de las comunidades indígenas sobre la biodiversidad. Informó que este último es un aspecto en el que han pedido ya a algunos especialistas analizar la dimensión de sus implicaciones.

De igual manera indicó que la ley aprobada trae confusiones e imprecisiones que no contribuyen a tener una regulación clara en materia de autorizaciones señalando que un ejemplo de ello son los artículos 68 y 69 que al parecer eran dos versiones sobre a qué dependencia le corresponden emitir los actos y autorizaciones y por un descuido y falta de supervisión se incluyeron ambos en el dictamen que se puso a votación de los legisladores, de manera que en la ley aprobada tenemos dos artículos que hablan de las autorizaciones que le corresponde emitir a SEMARNAT y mientras uno enumera siete temas otro enumera cuatro y algunos de esos temas son repetidos pero fraseados de manera distinta.

Puntualizó que los contenidos de los artículos 68 y 69 son una prueba que pone de manifiesto cómo se hace el trabajo legislativo cuando no se abre a la discusión y a la participación ciudadana y confirma lo que gran parte de la ciudadanía supone: que muchos legisladores no leen ni saben lo que están votando y solo lo hacen por instrucción de su coordinador.

De igual manera el artículo 70 de la ley aprobada no es claro respecto a quién le corresponde realizar los trámites para el otorgamiento de remisiones forestales o cualquier documento que acredite la legal procedencia y/o transportación de productos forestales.

Y explicó que uno de los temas centrales de discusión en el proceso legislativo fue si la CONAFOR concentraba las atribuciones que la SEMARNAT tenía en materia de autorizaciones o si la SEMARNAT como cabeza de sector las conservaba, pero lo que se aprobó en la nueva ley en materia de remisiones es ambiguo, porque las dos entidades tienen la misma atribución lo cual complica y burocratiza un tema ya de por si complejo: cómo dar certidumbre del origen legal de las materias primas que se transportan.

Gustavo Sánchez puntualizó que además de la necesidad de una consulta libre previa e informada culturalmente adecuada y de buena fe hacia indígenas y campesinos, se requiere un análisis desde diferentes ángulos y actores de los contenidos que se aprobaron en esta ley para que la nueva legislatura tome cartas en el asunto y puedan corregirse las regresiones en materia de derechos así como las contradicciones y las inconsistencias que tiene la ley.