BOLETÍN DE PRENSA
· Incluye contenidos que significan un retroceso anticonstitucional en
materia de derechos humanos y que pudieron haber sido observados por el Poder
Ejecutivo
· Con esta ley el Poder Ejecutivo y Legislativo dejan “monumento a la
confusión”, que debe someterse a corrección inmediata en el sexenio próximo
· El proceso de aprobación de dicha ley es “vergonzoso”, ya que violó el
derecho a la Consulta de Pueblos, Comunidades Indígenas y equiparables
Ciudad de México, 03 de junio del 2018. Ante el anuncio de la promulgación de la nueva Ley Forestal como acto
central de la administración federal en el Día Mundial del Medio Ambiente, la
Red Mexicana de Organizaciones campesinas Forestales (Red MOCAF) advierte que
la nueva ley forestal es producto de un proceso vergonzoso donde se discriminó
la participación de los indígenas y campesinos que son dueños de la mayor parte
de los bosques en México.
Al respecto,
Gustavo Sánchez Valle, presidente del organismo señaló que “el hecho de que una
ley con tantos claroscuros, limitaciones y violaciones a derechos se convierta
en el eje del festejo oficial del día Mundial del Medio Ambiente refleja la
carencia de avances significativos en materia ambiental y ahora en redes
sociales y en medios de comunicación nos quieren vender la idea de que la nueva
ley representa la salvación de los bosques”.
Refirió que el
Partido Verde ha iniciado una campaña publicitaria en redes sociales con claros
fines electorales, con la etiqueta #LeyForestalDelVerde, donde se autoproclama
como el “salvador de los bosques y lanza mensajes absurdos, por ejemplo,
pretenden hacer creer a la ciudadanía que con una ley muy cuestionada, que se
promulga a final del sexenio, se van a crear 11 millones de empleos bien
pagados”. Empero, dicho partido ha tenido la conducción del sector ambiental
desde 2012 y no logró sacar la producción forestal sustentable de su estancamiento
y, además teniendo mayoría (junto con el PRI) en la Cámara de Diputados,
permitió un recorte presupuestal al sector forestal del 50%.
Sánchez Valle
consideró que el titular del Poder Ejecutivo tuvo la oportunidad de observar
las deficiencias y retrocesos de la ley y hacerlas del conocimiento del
Congreso, sin embargo, dejó transcurrir el plazo constitucional que existe para
ello sin hacer nada y “al parecer, es más importante anunciar la promulgación
de la ley en el Día Mundial del Medio Ambiente que tener un producto
legislativo coherente y progresista”.
Producto legislativo disparejo y regresivo
El representante
de MOCAF reconoció que la nueva ley incorpora algunas propuestas de la sociedad
civil en materia del reconocimiento y fomento al manejo forestal comunitario y
sobre el fortalecimiento de las salvaguardas sociales y ambientales; pero
“estos avances palidecen ante los severos retrocesos en materia de derechos
sobre biodiversidad en los bosques y ecosistemas forestales y además la confusión
en distribución de competencias entre CONAFOR y SEMARNAT que genera esta ley va
a dificultar el manejo sustentable y legal de los bosques y alentar el
movimiento de madera ilegal. “Es un producto legislativo muy disparejo y
regresivo que refleja la falta de un proceso incluyente de participación
ciudadana y de participación plena y efectiva de Pueblos y Comunidades
indígenas y equiparables”.
La nueva ley
–subraya-- observa un grave retroceso en materia de derechos humano de la
comunidades indígenas sobre biodiversidad, ya que la ley aún vigente considera
como recursos biológicos forestales tanto a las plantas como los animales; la
ley por promulgarse solo considera a las plantas y abre un vacío jurídico
gigantesco al no considerar a todos los organismos del reino animal (art. 7,
fracción XLVI), lo cual puede ser aprovechado por terceros interesados en
usufructuar los recursos biológicos de los bosques sin respetar los derechos de
las comunidades.
La ley que se
promulgará quita varios candados que ayudaban a las comunidades a hacer
respetar sus derechos en materia de biodiversidad y estos cambios favorecen a
terceros interesados en autorizaciones de colectas de recursos biológicos y
recursos genéticos, así como en registros, certificados y patentes sobre la
biodiversidad, “son una invitación a la biopiratería” (artículos 86 y 87),
detalló Sánchez Valle.
Aclaró que en la
ley aún vigente se señalaba que los autorizaciones de colecta que no hubieran
respetado el derecho de consentimiento de las comunidades podrían revocarse; de
igual manera se señala que los registros, certificados y patentes que no
hubieran respetado los derechos de las comunidades serían declarados nulos.
Estos candados fueron eliminados y son un claro retroceso en los derechos
humanos de las comunidades sobre la biodiversidad.
Otro aspecto grave
–puntualizó-- en la nueva ley es que se elimina el actual Objetivo General V,
el cual señala que las comunidades indígenas tienen acceso preferente a los
recursos forestales. Esto tiene graves consecuencias frente a las amenazas que
enfrentan comunidades, ejidos y pequeños propietarios frente a proyectos
mineros, hidroeléctricos o agroindustriales y es otro claro retroceso en
materia de derechos.
El representante
de MOCAF añadió que una más de las deficiencias de la nueva ley es la
complicación en los trámites para el manejo y aprovechamiento forestal
sustentable en “lo relativo a la imposición de medidas provisionales de
sanidad: el artículo 62 de la nueva ley señala que la Secretaría o la Comisión
podrán hacerlo, es decir, ¿se van a crear áreas paralelas en dos dependencias
con las mismas facultades?
Otra incoherencia
de la nueva ley es que dos artículos consecutivos (Art. 68 y 69) se refieren a
las autorizaciones que le corresponden a la SEMARNAT, pero repiten temas y los
frasean de manera distinta; son confusos.
En materia de
atribuciones para el otorgamiento de las remisiones forestales o cualquier
documento que acredite la legal procedencia y/o transportación de los recursos
forestales (art. 70 y 71) la nueva ley es un “monumento a la confusión” ya que
señala que dichas atribuciones son de ambas dependencias (SEMARNAT y CONAFOR) ,
lo cual viene a complicar el control de los documentos de transporte de madera
y productos forestales; duplica funciones en dos dependencias sin establecer
mecanismos de coordinación y seguramente alentará el movimiento de madera
ilegal, expone Gustavo Sánchez.
Las
organizaciones que integran Red MOCAF, resalta, han contribuido enormemente
para que la nueva ley forestal no sea tan regresiva como se planteaba en la
iniciativa original y que con el apoyo de legisladores y legisladoras
progresistas se logró hacer un control de daños, pero aún persisten contenidos
muy graves que lesionan los derechos de indígenas y campesinos por lo que estas
organizaciones harán uso de todos los medios a su alcance para defender los
derechos de sus representados. “Confiamos en que todos los mexicanos, con
nuestro voto, optemos por una administración federal y una legislatura más progresistas
que las actuales”, puntualizó.
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