A los Legisladores del H. Congreso de la Unión
Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Al Director General de la Comisión Nacional Forestal – CONAFOR
Al Consejo Nacional Forestal y sus miembros
A los consejos estatales forestales
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
A las Organizaciones Indígenas y Campesinas
A las Organizaciones de la Sociedad Civil
A la Opinión Pública en General
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| Organizaciones en conferencia de prensa sobre Ley Forestal |
Un
grupo amplio y plural de organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil;
de académicos; técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo
forestal sustentable y las comunidades forestales, expresamos nuestra
preocupación por los contenidos y el procedimiento que se sigue en la H. Cámara
de Diputados sobre la Iniciativa de una nueva Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de septiembre
de 2016.
Al
respecto señalamos que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de
incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos
acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las
industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos
ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo.
También destacamos que en las regiones forestales la actividad de silvicultura
e industria forestal es el principal motor del desarrollo sustentable; que en
ellas habita la mitad de la población rural de México; que son en su mayoría
zonas con presencia indígena, con rezagos agudos en bienestar y padecen el
crimen organizado y la pérdida de gobernabilidad.
Consideramos
necesario reformar el marco jurídico vigente, que ha mostrado múltiples
deficiencias y un margen extenso de mejora; sin embargo, esa reforma debe ser
producto de un proceso amplio de discusión; de construcción incluyente, por las
repercusiones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos que
implica.
Cabe
destacar que en la legislatura pasada fue generada una iniciativa de reforma
integral a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, producto de amplios
análisis y propuestas llevadas a cabo por el Consejo Nacional Forestal (CONAF)
y aprobadas por el mismo, así como procesada en diferentes foros, la cual no
fue dictaminada.
El
20 de septiembre pasado el Partido Verde Ecologista de México presentó una nueva
iniciativa que, de aprobarse, abrogaría la ley actual; esta iniciativa omite la
gran mayoría de los aportes y consensos alcanzados en los trabajos y consultas mencionadas
anteriormente; es decir, no es producto de un proceso amplio de participación y
discusión.
Desde
la fecha en que se presentó la Iniciativa no se ha realizado un solo foro
público de discusión al respecto ni se ha proporcionado información sobre su
proceso de dictamen, a pesar de solicitudes de diversas organizaciones y
particularmente del Comité de Legislación del CONAF, que es el órgano
establecido por la Ley como el espacio de consulta y participación
especializado para conocer y opinar sobre proyectos de tan alta importancia.
Este
Comité solicitó al pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de la H Cámara de Diputados (COMARNAT), el 27 de octubre de 2016, incorporar
las propuestas aprobadas por el pleno del CONAF y abrir un proceso amplio y
plural de discusión y concertación. A la fecha la Comisión no ha dado respuesta
a las solicitudes ni ha integrado las propuestas del Comité del CONAF ni de las
organizaciones de la sociedad al proyecto legislativo.
Consideramos
que el dictamen de la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de
discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en su conjunto
opinar sobre la misma, particularmente en lo que se refiere a comunidades
indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo
de impactos negativos que pudiera ocasionarles.
En
cuanto a los contenidos de la Iniciativa, identificamos cuatro problemas
principales: a) un enfoque que deja de lado la prioridad del fomento al manejo
forestal sustentable en manos de las comunidades; b) el riesgo de regresividad
en materia de derechos de indígenas y campesinos relativos a los servicios
ambientales; c) falta de alineación con las reformas constitucionales en
materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas
de ley en materia de aguas y biodiversidad y; d) ausencia de numerosos cambios propuestos
por el CONAF y otros actores: mejora regulatoria; promoción de la legalidad y
transparencia; promoción de la competitividad; arquitectura institucional;
descentralización y mejora de los servicios técnicos, entre otros aspectos
importantes. Sin estos elementos la reforma propuesta tiene escaso sentido y
resulta contraproducente.
El
pueblo de México ha perdido en buena parte la confianza en los legisladores y
servidores públicos, precisamente por la frecuencia de este tipo de procesos
poco incluyentes; la sociedad está indignada de que se legisle a sus espaldas y
sin consultar ni pedir opinión a los sectores interesados y a los directamente
afectados o que no sean tomadas en cuenta sus propuestas. El caso de la ley
forestal no es aislado y este tratamiento se ha convertido en un patrón
inaceptable que debe evitarse en beneficio de la restauración de una convivencia
social y política debilitada y dañada, particularmente en una coyuntura de
grandes riesgos frente al cambio de gobierno en los Estados Unidos.
Apelamos
a la responsabilidad de los legisladores y de los servidores públicos del sector
ambiental para no pasar por alto la necesidad de un proceso público e
incluyente para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y
proponemos una convocatoria conjunta del H. Congreso de la Unión; el poder
Ejecutivo y la sociedad civil organizada
a este mismo proceso.
Atentamente
