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BOLETÍN DE PRENSA
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EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES ORGANIZACIONES
FORESTALES COMUNITARIAS LLAMAN AL GOBIERNO FEDERAL A FORTALECER LA POLÍTICA
FORESTAL CON CUATRO ACCIONES PRIORITARIAS
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Necesaria
una política forestal integral y basada en el Manejo Forestal Comunitario: la
política forestal no debe ser sólo reforestar en predios individuales
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Necesario
revisar y armonizar políticas y programas de SEMARNAT, SADER y BIENESTAR
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Urgente
impulsar una reforma incluyente al marco jurídico y reglamentario del sector
forestal
·
Ante la
criminalización de los defensores de los bosques y los territorios indígenas y
comunitarios es urgente ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú
Ciudad de México, 21 de marzo de 2019,
DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES. Con motivo del Día Internacional de
los Bosques, organizaciones forestales comunitarias de diferentes estados del
país, agrupadas en la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red
MOCAF) hacen un llamado al gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés
Manuel López Obrador para fortalecer la política forestal en México a través de
cuatro acciones prioritarias, señaló el presidente de esta agrupación, Gustavo
Sánchez Valle.
1. Impulsar una política forestal integral basada en el
Manejo Forestal Comunitario.
El sector forestal en México para su reactivación
requiere acciones e inversiones en diferentes ámbitos que contemplen el
establecimiento de nuevas áreas forestales, el manejo y mantenimiento de las
que ya existen tanto de bosque natural como de plantaciones; la conservación de
la biodiversidad forestal y la provisión de servicios ambientales y el impulso
a redes y cadenas de valor que generen empleos y bienestar en el sector rural,
entre otras acciones.
Gustavo Sánchez indicó que una
política integral debe contemplar el impulso armónico de tres vertientes que en
ocasiones están confrontadas por un mal diseño de políticas públicas: 1. el
manejo y aprovechamiento de los bosques nativos; 2. la conservación de la
biodiversidad forestal y la provisión de servicios ambientales y 3. las
plantaciones forestales privilegiando las que sean multiespecíficas y utilicen
especies nativas.
Así mismo indicó que debe haber un
impulso al mercado legal de la madera en México como una condición
indispensable para que las empresas comunitarias y privadas que quieren operar
dentro del marco legal puedan sobrevivir, ya que actualmente y de acuerdo a
algunas fuentes el 70% de la madera que se comercializa en México es producto
de actividades ilegales irregulares.
Sánchez Valle indicó que un aspecto
fundamental en el diseño de políticas públicas forestales que no se debe dejar
de lado es que la mayor parte de la superficie forestal está en terrenos de
propiedad común en ejidos y comunidades, además los ejidos y comunidades han
desarrollado un modelo de organización para el manejo forestal conocido como
Manejo Forestal Comunitario que en casi cuatro décadas ha logrado detener el ritmo
de deforestación y generar ingresos y empleos en las comunidades, es decir la
política forestal en México debe tener un enfoque comunitario.
Indicó que sería lamentable que la
visión forestal y ambiental de la 4ª transformación se redujera sólo al
Programa Sembrando Vida, el que si bien tiene un objetivo positivo, abarca sólo
una pequeña parte de lo que es una política forestal integral.
2. Revisión y armonización de las políticas y programas de
SEMARNAT, SADER y Secretaría del Bienestar
Entre los principios básicos en el
diseño de políticas públicas es que sean armónicas en el territorio en el que
van a coincidir y que se construyan de una manera incluyente,
desafortunadamente son principios que apenas se empiezan a aplicar, no solo en
México sino a nivel internacional.
El presidente de Red MOCAF indicó que
lo anterior obedece a que sigue privando en los equipos gubernamentales una
visión conservadora que por una parte ve los las políticas de manera sectorial
y por otra parte excluye a la ciudadanía en el diseño o simula su participación,
lo cual aisla a los funcionarios en su propia “cámara de eco” y les impide detectar
errores en el diseño e implementación y sumar experiencias y aportaciones lo
cual les acortaría la curva de aprendizaje y les evitaría cometer los mismos
errores de políticas anteriores.
Indicó que a poco más de que hayan
transcurrido los primeros 100 días de la 4ª. Transformación, es decir, de una
manera muy propositiva y oportuna, hacemos un llamado al gobierno federal a
hacer una revisión y evaluación incluyente de la armonía y diseño de las políticas
públicas que se están implementando, algunos puntos que sugerimos son:
A. armonización de
presupuestos y montos de apoyo, si seguimos teniendo Dependencias y Programas
ricos como la Secretaría del Bienestar y Sembrando Vida y Dependencias y
programas Pobres como SEMARNAT y los Programas Ambientales, vamos a ver muchos
desequilibrios y resultados regresivos en el campo;
B. Invidualización
contra gestión colectiva. Una de las medidas por excelencia del neoliberalismo
en México ha sido el impulso a la individualización a la sociedad rural, a
pesar de que la mitad de la tierras rurales son propiedad de ejidos y
comunidades y que el 70% de las tierras forestales están en manos de estos
núcleos agrarios, por lo tanto no debiera haber programas que sólo otorguen
apoyos de manera individual y
C. Transparencia.
Es cierto que en el pasado muchos programas de subsidios aún con reglas de
operación cayeron en prácticas irregulares y de corrupción, sin embargo el
problema no eran las reglas de operación ni la solución es suprimirlas y
manejar todo de manera discrecional, ya que esta es la manera más segura de
perpetuar la opacidad y la corrupción. La incorporación de la ciudadanía
organizada en la vigilancia, supervisión, evaluación y seguimiento de las políticas
públicas podría significar el cambio.
3. Urgente impulsar una reforma incluyente al marco jurídico
y reglamentario del sector forestal
El representante de
Red MOCAF precisión que la falta de liderazgo de la pasada administración en
materia ambiental y la ausencia de vocación en materia de participación
ciudadana provocó que la discusión de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (LGDFS) se prolongara por dos años y tuviera como resultado algunos
avances pero varios retrocesos, contradicciones y omisiones que además de
lamentables, entrampan el desarrollo del sector forestal y ponen en riesgo a
los bosques, la biodiversidad y los derechos de sus dueños.
Es fundamental que la SEMARNAT, la
CONAFOR y las demás dependencias del sector ambiental convoquen al seno del
Consejo Nacional Forestal al inicio de la discusión de las modificaciones a la
Ley Forestal que se requieren de manera urgente y que se concerté con el Poder
Legislativo un proceso abierto e incluyente de mejora del marco jurídico
forestal.
Precisó que entre los temas que hay
que revisar están: competencias en materia autorizaciones, trámites y permisos;
impulso a la legalidad forestal y candados a la comercialización de madera
ilegal como a la importación de madera ilegal de otros países; la actualización
del concepto de los servicios ambientales y la definición clara de los derechos
sobre reducción de emisiones a favor de los dueños y poseedores de los bosques;
corrección de las definiciones de terrenos forestales, recursos forestales y
derechos sobre la biodiversidad que en la actual ley abren la puerta al cambio
de uso de suelo, a la biopiratería y al despojo de indígenas y campesinos de la
biodiversidad que se protegen en los bosques.
4. Criminalización de los defensores de los bosques, tierras
territorios, recursos y la implementación del Acuerdo de Escazú
El Presidente de Red MOCAF aseguró que
de acuerdo al informe anual 2018 de Global Witness[1],
México se ha convertido en el cuarto país más peligroso en el mundo para los
defensores de los territorios frente a los intereses de empresas privadas que
desean acceso a los territorios de ejidos y comunidades, muchos de estos
territorios coinciden con tierras forestales.
Global Witness señala que a nivel
global los sectores privados que más promueven la criminalización son el sector
agroindustrial y el sector minero y que en muchos casos funcionarios
gubernamentales son omisos en proteger los derechos de las comunidades o peor
aún están coludidos con las empresas.
Ante esta situación consideramos que
una de las acciones que se pueden emprender y que tendría un gran impacto en
materia preventiva de la criminalización es la ratificación e implementación
del Acuerdo de Escazú, que se suscribió el año pasado y que lo convierte en el
primer tratado internacional vinculante que obliga a los gobiernos a brindar
protección a las defensores ambientales y de los territorios.
Gustavo Sánchez indicó que se pasaría
de una dinámica de lamentar y condenar las agresiones y asesinatos a los
defensores ambientales y de los territorios a una política de protección y
prevención de la criminalización.
Contacto: Olivia Olivar,
Comunicación Red MOCAF
WhatsApp: 5583838892
(Olivia Olivar) y 5544889920 (Gustavo Sánchez)
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