LAS
ORGANIZACIONES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y DE LA SOCIEDAD ANTE LA REFORMA DE LA LEY
FORESTAL
· Reiteramos la necesidad de una consulta pública e incluyente
· Alertamos sobre los retrocesos en la propuesta de ley
· Ante la falta de avances en el Sector Forestal la ley debe
contemplar una política de largo plazo, basada en el Manejo Forestal
Comunitario
· Entre los temas a incluir están: fortalecer la participación social,
el fomento al Manejo Forestal Comunitario, la mejora en la regulación, la
descentralización y mejorar la transparencia en el uso de recursos
En septiembre de 2016 fue presentada en la
Cámara de Diputados, una iniciativa para derogar la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable y promulgar una nueva. Esa iniciativa fue elaborada de manera
cerrada y, hasta la fecha, no ha sido objeto de consulta pública, a pesar de
las reiteradas demandas de la sociedad para llevar a cabo un proceso
transparente, incluyente e informado, que enriqueciera un proyecto para la
necesaria reforma de la ley vigente.
Con modificaciones mínimas, la Iniciativa
fue aprobada por los diputados en marzo de 2017 y turnada para su revisión a la
Cámara de Senadores, donde fue turnada a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (COMARNAT), de Estudios Legislativos Primera y, a solicitud, a la
Comisión de Desarrollo Rural.
En medio de una fuerte presión por parte de
los organismos de la sociedad, en abril de 2017 fue suspendida la discusión
para dictamen de la minuta y en el siguiente periodo de sesiones, de septiembre
a diciembre de 2017, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó
un dictamen que si bien incorpora algunas de las propuestas de las
organizaciones sociales, aún contiene retrocesos importantes respecto a la ley
vigente y ausencia de mejoras necesarias.
En diciembre de 2017 se agotó el periodo de
sesiones y quedaron pendientes los resolutivos de las comisiones de Estudios
Legislativos y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, antes de pasar a
debate y votación en el Pleno de la Cámara de Senadores. Hacemos hincapié en
que el senado de la República no ha dado respuestas a las reiteradas
solicitudes de consulta sobre la reforma a la Ley Forestal aún cuando ha habido
tiempo de sobra para hacerlo.
En los primeros días del mes de febrero iniciará
un nuevo periodo de sesiones del Senado. Las organizaciones firmantes queremos
llamar la atención de los senadores para hacer una revisión cuidadosa del
proyecto de dictamen, dado que existen cuestiones de peso que requieren
discusión y enmienda:
1- Hay un retroceso inaceptable respecto
de la ley vigente en cuanto a la participación plena de la sociedad.
Específicamente, a) el dictamen aprobado suprime facultades sustanciales del
Consejo Nacional Forestal (CONAF) y los consejos estatales, quitándoles
potestad para conocer de los cambios en políticas públicas y ejercer un papel
de vigilancia y supervisión; b) se pierde la oportunidad de mejora del diseño
del Fondo Forestal Mexicano, en el sentido de asignar a su Comité Mixto sólo
funciones formales de asesoría y consulta, sin efectos concretos, cuando se ha
propuesto otorgarle el carácter de órgano de gobierno. Así, la CONAFOR operaría
el Fondo, bajo los lineamientos y supervisión del Comité Mixto y se evitaría el
manejo discrecional y opaco de los recursos del Fondo.
2- La transferencia de
atribuciones de autoridad de la SEMARNAT hacia la CONAFOR requiere, al menos,
de una reflexión abierta que no ha tenido lugar, mientras que diversos actores
del sector forestal han señalado riesgos e inconvenientes de concentrar los
actos de autoridad en la CONAFOR, los que incluyen la contribución al debilitamiento
de la cabeza de sector, que ya carece de capacidad para conducir la política en
materia de agua, pesca e hidrocarburos y, por otra parte, la falta de
contrapesos en la definición y el ejercicio de las políticas del sector. Sin
esos equilibrios, existe un claro riesgo de que funcionarios de la CONAFOR
incurran en conflictos de interés y en opacidad, abriéndose un terreno fértil
para la corrupción. Tomando en cuenta que la SEMARNAT ha mostrado ineficacia e
ineficiencia en sus funciones de regulación, la discusión debe clarificar si se
trata de suprimir a la autoridad o de superar sus limitaciones.
3- La negativa reiterada a
establecer un programa para el manejo
forestal comunitario resulta incongruente con las múltiples definiciones y
criterios que establecen una política de largo plazo para impulsar el manejo
forestal comunitario y con el hecho de que ya existen, en la ley, disposiciones
para dotar de recursos a las actividades de plantaciones comerciales y de
restauración. Por otro lado, no se sostiene el argumento de que el programa
requerido implique recursos adicionales, ya que se trata de una redistribución
de los recursos disponibles, tal como la SHCP ha impuesto mediante la inserción
de un artículo transitorio que especifica que no se destinarán recursos
adicionales para la aplicación de la eventual nueva Ley.
4- Se ha planteado la propuesta de un diseño
institucional descentralizado con fortalecimiento de capacidades de las
regiones forestales y con una serie de dispositivos para mejorar la gestión
forestal y acercarla a los productores. El dictamen aprobado por la COMARNAT ha
suprimido completamente todo este tema.
5- Han quedado sin incluir
diversas medidas para la mejora regulatoria y de la gestión, como son la
regulación de los aserraderos móviles, la clarificación de la prohibición de
cambio de uso forestal, medidas para alcanzar la tasa cero de deforestación, el
manejo de acahuales o vegetación secundaria, la definición de preferencia
forestal en razón de la fragilidad de los ecosistemas y varios otros conceptos
que están siendo desechados por falta de comprensión y sin argumentos que
solamente pueden procesarse mediante una discusión abierta y fundamentada.
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