BOLETÍN DE PRENSA

Organizaciones forestales planean al titular de SEMARNAT lanzar el Programa de Manejo Forestal Comunitario

·      Es un reto que los bosques se conviertan en prioridad para la 4T, señalan y proponen una agenda de trabajo de largo plazo

·      Afirman que los bosques son más que madera y no se cuantifica su papel en la provisión servicios ambientales, de agua y en generación de energía

·      Propusieron una discusión más abierta sobre la Ley de Aguas e incluir a las comunidades forestales quienes hacen posible la disponibilidad del líquido para toda la sociedad

Ciudad de México, 18 de octubre del 2019. Un grupo amplio y plural de organizaciones forestales comunitarias sostuvieron un diálogo con el Dr. Víctor Manuel Toledo Manzur, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el que plantearon una agenda de trabajo y una comunicación permanente para lograr que los bosques sean una prioridad para la 4ª Transformación.

Gustavo Sánchez Valle, Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) señaló que uno de las propuestas presentadas fue el lanzamiento del Programa de Manejo Forestal Comunitario con el cual se podría atender de manera focalizada a los ejidos, comunidades y pequeños propietarios que de manera colectiva gestionan sus bosques y que poseen más del 70 % de estos ecosistemas en México.

Aclaró que el año pasado se logró incluir en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) la definición de Manejo Forestal Comunitario y la posibilidad de contar con un Programa de Manejo Forestal Comunitario[1], lo cual representa un enorme avance en el reconocimiento de indígenas y comunidades como los principales guardianes de los bosques y abre la posibilidad de diseñar políticas públicas específicas con un fundamento legal sólido.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), de la Unión Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias (UNOFOC); de la Red indígena de Turismo de México (RITA); de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO); de la Confederación Nacional de Organizaciones de Silvicultores (CONPROSAC); de la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ); de Bosques y Gobernanza (Chiapas); de la Red Nacional de Organizaciones y Empresas Sociales (Red NOREMSO); de la Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de las Coordilleras de Valles Centrales y de la Red Nacional Popular Campesina e Indígena.

Baltazar López, de la Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de las Coordilleras de Valles Centrales Valles de Oaxaca indicó que las comunidades forestales juegan un papel fundamental en la provisión de agua para todos los sectores y que es preocupante que la legislación actual en materia de aguas no los considere en los espacios de participación y solicitaron al Secretario de Medio Ambiente abrir la discusión de la legislación sobre el agua a todas las organizaciones sociales.

Por su parte, René Gómez Orantes, de Bosques y Gobernanza señaló que medir la importancia de los bosques por su aportación al PIB, el cual sólo incluye materias primas maderables y no maderables, es una visión reduccionista porque no se están evaluando otros servicios como la infiltración y disponibilidad de agua y la producción de energía, además de otros servicios ambientales.

En la reunión también estuvo presente el Dr. Conrado Márquez, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, quien junto con el Dr. Gonzalo Chapela y Mendoza, Coordinador de Políticas Públicas de Red MOCAF, señalaron la necesidad de hacer visible al sector forestal en sus múltiples dimensiones como un sector estratégico en materia productiva, social, cultural y ambiental y lograr tanto un presupuesto adecuado como un equilibrio con otras políticas públicas como Sembrando Vida a fin de no generar efectos adversos en el medio rural. 

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[1]Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, artículo 7, fracción XXXVI; artículo 13

BOLETÍN DE PRENSA 31 DE JULIO DE 2019

México, entre los 10 países con mayor criminalización de defensoras y defensores ambientales a nivel mundial

·      Organizaciones proponen acelerar ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado mexicano.

·   Urge la implementación de una política integral en materia de protección a personas defensoras que prevenga y atienda los casos de criminalización.

·      Preocupan la narrativa y mensajes gubernamentales que estigmatizan la defensa de los derechos humanos ambientales.

·   Oaxaca y Puebla los estados con mayor criminalización. Minería, bosques y agua las actividades más peligrosas durante 2018.

Ciudad de México, 31 de julio de 2019. Global Witness publicó hace unas horas su reporte 2019 sobre la criminalización de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente titulado "¿Enemigos del estado?", donde se sitúa nuevamente a México entre los diez países con mayor criminalización a personas defensoras del medio ambiente en el mundo y a América Latina como la región con una mayor problemática al respecto, ya que, de los diez países con mayor criminalización, cinco corresponden a América Latina.

Una de las posibles explicaciones sobre la mayor incidencia de criminalización en América Latina es la fuerte tradición de activismo por los derechos humanos que existe en la región, lo cual se traduce en muchos grupos que trabajan con personas defensoras de la tierra y el medio ambiente y que monitorean y denuncian los abusos, lo cual los convierte en blancos de la criminalización sin que existan políticas y mecanismos gubernamentales efectivos para prevenirla o enfrentarla.

En el reporte 2018 México ocupó el 4º lugar a nivel global de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y del medio ambiente con 15 asesinatos y en el reporte 2019 se ubica en el 6º lugar con 14 víctimas.

En el caso específico de México hay que destacar que más de la mitad de las tierras y los territorios son propiedad colectiva de pueblos indígenas, comunidades indígenas y comunidades locales bajo la modalidad de ejidos y comunidades agrarias, lo cual implica que la mayoría de las minas, bancos de materiales, cuerpos de agua, litorales, bosques, biodiversidad y otros recursos están en esos territorios[1], de manera que los derechos colectivos terminan amenazados y confrontados por los intereses privados de empresas a las que el gobierno otorga concesiones sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, ni el derecho a la autonomía y al territorio.

En el reporte se destaca que a nivel global los sectores con los que se relacionaron los casos de criminalización son en ese orden: Minería e Industrias extractivas; Agroindustria, Agua y Represas, Explotación Forestal y Caza ilegal.

El caso de México

En nuestro país, los estados con más casos de criminalización fueron Oaxaca en primer lugar con 4 víctimas, seguido por Puebla con tres víctimas y Chihuahua y Michoacán con dos casos cada uno y luego Nayarit, Guerrero y Estado de México con un caso cada uno.

Un rasgo fundamental es que 11 de las 14 personas defensoras de los territorios y medio ambiente asesinadas en 2018 están asociados a la defensa de territorios y derechos indígenas, por lo que la criminalización está claramente asociada a la defensa de los recursos que los indígenas protegen.

También es importante señalar que las actividades a las que se asocian más casos de criminalización son la minería, la actividad forestal y los proyectos sobre agua y represas, es decir los intereses asociados a la minería, a la tala clandestina, al despojo de derechos sobre los bosques y los proyectos de hidroeléctricas fueron los más letales.

Desde la sociedad civil organizada hacemos un llamado al gobierno federal, al Congreso de la Unión [U1] para:

1.    Acelerar la ratificación del Acuerdo de Escazú, lo que contribuiría a que como región en América Latina se implemente una política integral en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos.

2. Con la participación de la Secretaría de Gobernación, SEMARNAT, el INPI, legisladores y organizaciones de la sociedad civil diseñar políticas y mecanismos para prevenir y enfrentar la criminalización a personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

3.    Reconocer por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la importante labor de las defensoras y los defensores ambientales.

4.    Detener los mensajes que desde el gobierno   descalifican y estigmatizan la labor de las y los defensores ambientales y periodistas por constituir una de las etapas de criminalización que se caracterizan en el informe.

5.   Atender por parte de todos los órdenes de gobierno la Recomendación General 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el respeto y la observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas.

6.  Considerando que la mayor parte de los asesinatos documentados en el reporte están asociados a la defensa de los territorios indígenas es fundamental que desde el gobierno federal se den ejemplos del respeto pleno a los derechos en materia de consentimiento libre previo e informado, derecho a la autonomía y al territorio.

De igual manera hacemos un llamado a los gobiernos de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Estado de México y Guerrero para que se haga justicia en el caso de los asesinatos documentados en el informe 2019 de Global Witness y se tomen las medidas necesarias para prevenir las agresiones en contra de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.

                   RED MOCAF   CEMDA   GREENPEACE  RITA   MAÍZ

[1] Panorama de los ejidos y comunidades agrarias en México, Morett-Sánchez J. Carlos y Cosío-Ruíz Celsa, Universidad Autónoma Chapingo, 2017

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 [U1]no queda claro cuáles serían las recomendaciones al sector privado. Me focalizaría en todo caso en la responsabilidad del estado mexicano para hacer valer los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos.