BOLETIN INFORMATIVO #COP25

Participación de las mujeres y jóvenes guardianes del bosque en las actividades de la #COP25.

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Las delegadas de la Coordinadora de Mujeres Lideres Territoriales de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques presente en la #COP25. Unidas haciendo frente al cambio climático.
Conoce los detalles de las actividades de nuestras lideresas en donde se compartieron las  experiencias e iniciativas de mujeres provenientes de las comunidades y ejidos del mundo.



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PEF 2020 deja claro que ni los bosques ni las comunidades forestales son prioridad para la 4T

·     La crisis presupuestal del sector forestal inició en la administración de Peña Nieto

·     Aunque Sembrando Vida tiene una inversión casi 12 veces mayor tiene objetivos distintos que los programas forestales 

·     Indispensable que el poder ejecutivo y el legislativo reconsideren la política en materia forestal y ambiental escuchando a la sociedad organizada

Ciudad de México, 24 de noviembre. Ante una de las asignaciones presupuestales más bajas en el sector forestal desde 2005[1], Gustavo Sánchez Valle, Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) hizo un llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo a reconsiderar la desinversión gubernamental que desde hace 5 años que se viene dando y que ya tiene todos los rasgos de una crisis presupuestal que tendrá efectos muy negativos en la conservación de los ecosistemas forestales y en los miles de ejidos y comunidades que dependen de ellos para vivir. 

Opinó que el presupuesto 2020 es el primero elaborado a partir de una propuesta de la presente administración y aprobado sin muchos cambios por una Cámara de Diputados donde MORENA tiene mayoría, es decir, refleja las prioridades de esta administración y ya no tiene las “inercias” de la pasada administración como podría considerarse en el presupuesto 2019.

Indicó que a un año de iniciada la presente administración urge abrir los espacios de diálogo entre poder ejecutivo, legislativo y sociedad civil organizada para conocer cuál es la apuesta real de la autodenominada 4ª transformación en materia de política ambiental y forestal y cómo avanzar hacia lo que se prometió en campaña[2]de que seríamos “…un país líder en transparencia, participación ciudadana y justicia ambiental”, entre otras promesas. Para ello es necesario que se superen las fobias y prejuicios contra la sociedad civil organizada, puntualizó.

Recordó que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) fue fundada en 2001 y que si bien inició con presupuestos que apenas rebasaban los mil millones de pesos tuvo una asignación presupuestal creciente durante las administraciones de Fox y Calderón y durante la administración de Peña Nieto alcanzó la cifra presupuestal más alta con casi 7700 millones de pesos para luego empezar a desplomarse y alcanzar la cifra de poco más de 2 mil millones que tendrá para 2020.

Sanchez Valle destacó que cifras altas de presupuesto no significan automáticamente buenos resultados que el reto en el presente es tener un ejercicio eficiente de los recursos, que estos sean orientados hacia el Manejo Forestal Sustentable y convencer al Poder Ejecutivo y al Legislativo de que el presupuesto debe fortalecerse.

Comentó que hoy conocemos que de lo que se invirtió en 2013 y 2014 -que fueron los años más altos en materia de asignaciones presupuestales- se destinaba entre el 63% y 71% a operación y el resto a subsidios y que éstos se orientaban principalmente a conservación y restauración y poco a fomento del Manejo Forestal Sustentable. Es decir -explicó- se creó una burocracia muy pesada que orientaba el gasto principalmente hacia aspectos no productivos.

Aún con esa baja eficiencia en el presupuesto se destinaba a subsidios alrededor de 2.8 mil millones de pesos con los que se atendía en promedio a unos 2,500 ejidos y comunidades agrarias que cuentan con ecosistemas forestales mientras que este año lo que se podrá invertir en subsidios alcanzará una cifra de 1.1 mil millones de pesos.

Para dimensionar lo anterior, el Presidente de Red MOCAF señaló que de acuerdo a algunos estudios[3]existen más de 15 mil ejidos y comunidades que tienen ecosistemas forestales en sus territorios y de esos CONAFOR sólo ha atendido al 16% por lo que de manera ideal para atender a todo ese universo se requeriría un presupuesto un poco mayor al que hoy tiene Sembrando Vida (alrededor de 21 mil millones de pesos) para destinar 16 millones de pesos a subsidios y unos 7 mil millones a operación (que representarían poco más de 40%).

Por otro lado indicó que aunque pareciera que Sembrando Vida suple los enormes huecos que está dejando la CONAFOR en el campo mexicano, no es así ya que en repetidas ocasiones la propia Secretaria del Bienestar ha declarado que el programa es un programa de Bienestar y no es un programa ambiental porque si no estaría en SEMARNAT y que tampoco es un programa agropecuario porque si no estaría en SADER.

Sánchez Valle aseguró que la desinversión que se está dando en materia forestal desde el 2015 envía muy malas señales a los dueños de los bosques: alienta la deforestación y degradación por cambio de uso de suelo; la pérdida de biodiversidad, impulsa la tala ilegal y agrava el alarmante índice de madera ilegal que inunda el mercado mexicano. También esta desinversión hará muy difícil el cumplimiento de compromisos internacionales sobre bosques y cambio climático y contribuirá a empeorar los problemas de disponibilidad de agua ya que la recarga de los mantos acuíferos depende en buena medida de estos ecosistemas.

El reto para las organizaciones comunitarias, campesinas e indígenas es abrir el diálogo con todos los tomadores de decisiones sobre políticas y presupuestos porque parece que ni las propias instituciones del sector ambiental están siendo escuchadas, sin embargo esta crisis presupuestal puede ser también la coyuntura para una reorientación de la política forestal sin embargo “…es claro que los bosques no serán una prioridad para la 4T si la sociedad organizada no logra convencer al Presidente López Obrador y a los Legisladores de lo contrario” finalizó.

Foto: Marbelia Rodríguez Núñez

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[1]El PEF 2020 contempla apenas 1713 millones de pesos en el Anexo 11 (Programa Especial Concurrente) para el sector forestal, es decir esta cifra se destinará a los programas de apoyo incluyendo sus gastos de operación y en el Anexo 16 (Adaptación y Mitigación al Cambio Climático) se destinan 1332 millones de pesos a Protección Forestal y 1031 millones de pesos al Desarrollo Forestal Sustentable, esas cifras juntas suman 2363 millones de pesos que incluyen subsidios y gastos de operación.

[2]NATURAMLO, 2018, abremaslosojos.mx

[3]Morett-Sánchez, J. Carlos, Cosío Ruíz, Celsa (2017), Panorama de Ejidos y Comunidades Agrarias en México, Dirección General de Centros Regionales Universidad Autónoma Chapingo, http://revista-asyd.mx/index.php/asyd/article/view/526

BOLETÍN DE PRENSA

Organizaciones forestales planean al titular de SEMARNAT lanzar el Programa de Manejo Forestal Comunitario

·      Es un reto que los bosques se conviertan en prioridad para la 4T, señalan y proponen una agenda de trabajo de largo plazo

·      Afirman que los bosques son más que madera y no se cuantifica su papel en la provisión servicios ambientales, de agua y en generación de energía

·      Propusieron una discusión más abierta sobre la Ley de Aguas e incluir a las comunidades forestales quienes hacen posible la disponibilidad del líquido para toda la sociedad

Ciudad de México, 18 de octubre del 2019. Un grupo amplio y plural de organizaciones forestales comunitarias sostuvieron un diálogo con el Dr. Víctor Manuel Toledo Manzur, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el que plantearon una agenda de trabajo y una comunicación permanente para lograr que los bosques sean una prioridad para la 4ª Transformación.

Gustavo Sánchez Valle, Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) señaló que uno de las propuestas presentadas fue el lanzamiento del Programa de Manejo Forestal Comunitario con el cual se podría atender de manera focalizada a los ejidos, comunidades y pequeños propietarios que de manera colectiva gestionan sus bosques y que poseen más del 70 % de estos ecosistemas en México.

Aclaró que el año pasado se logró incluir en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) la definición de Manejo Forestal Comunitario y la posibilidad de contar con un Programa de Manejo Forestal Comunitario[1], lo cual representa un enorme avance en el reconocimiento de indígenas y comunidades como los principales guardianes de los bosques y abre la posibilidad de diseñar políticas públicas específicas con un fundamento legal sólido.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), de la Unión Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias (UNOFOC); de la Red indígena de Turismo de México (RITA); de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO); de la Confederación Nacional de Organizaciones de Silvicultores (CONPROSAC); de la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ); de Bosques y Gobernanza (Chiapas); de la Red Nacional de Organizaciones y Empresas Sociales (Red NOREMSO); de la Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de las Coordilleras de Valles Centrales y de la Red Nacional Popular Campesina e Indígena.

Baltazar López, de la Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de las Coordilleras de Valles Centrales Valles de Oaxaca indicó que las comunidades forestales juegan un papel fundamental en la provisión de agua para todos los sectores y que es preocupante que la legislación actual en materia de aguas no los considere en los espacios de participación y solicitaron al Secretario de Medio Ambiente abrir la discusión de la legislación sobre el agua a todas las organizaciones sociales.

Por su parte, René Gómez Orantes, de Bosques y Gobernanza señaló que medir la importancia de los bosques por su aportación al PIB, el cual sólo incluye materias primas maderables y no maderables, es una visión reduccionista porque no se están evaluando otros servicios como la infiltración y disponibilidad de agua y la producción de energía, además de otros servicios ambientales.

En la reunión también estuvo presente el Dr. Conrado Márquez, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, quien junto con el Dr. Gonzalo Chapela y Mendoza, Coordinador de Políticas Públicas de Red MOCAF, señalaron la necesidad de hacer visible al sector forestal en sus múltiples dimensiones como un sector estratégico en materia productiva, social, cultural y ambiental y lograr tanto un presupuesto adecuado como un equilibrio con otras políticas públicas como Sembrando Vida a fin de no generar efectos adversos en el medio rural. 

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[1]Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, artículo 7, fracción XXXVI; artículo 13

BOLETÍN DE PRENSA 31 DE JULIO DE 2019

México, entre los 10 países con mayor criminalización de defensoras y defensores ambientales a nivel mundial

·      Organizaciones proponen acelerar ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado mexicano.

·   Urge la implementación de una política integral en materia de protección a personas defensoras que prevenga y atienda los casos de criminalización.

·      Preocupan la narrativa y mensajes gubernamentales que estigmatizan la defensa de los derechos humanos ambientales.

·   Oaxaca y Puebla los estados con mayor criminalización. Minería, bosques y agua las actividades más peligrosas durante 2018.

Ciudad de México, 31 de julio de 2019. Global Witness publicó hace unas horas su reporte 2019 sobre la criminalización de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente titulado "¿Enemigos del estado?", donde se sitúa nuevamente a México entre los diez países con mayor criminalización a personas defensoras del medio ambiente en el mundo y a América Latina como la región con una mayor problemática al respecto, ya que, de los diez países con mayor criminalización, cinco corresponden a América Latina.

Una de las posibles explicaciones sobre la mayor incidencia de criminalización en América Latina es la fuerte tradición de activismo por los derechos humanos que existe en la región, lo cual se traduce en muchos grupos que trabajan con personas defensoras de la tierra y el medio ambiente y que monitorean y denuncian los abusos, lo cual los convierte en blancos de la criminalización sin que existan políticas y mecanismos gubernamentales efectivos para prevenirla o enfrentarla.

En el reporte 2018 México ocupó el 4º lugar a nivel global de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y del medio ambiente con 15 asesinatos y en el reporte 2019 se ubica en el 6º lugar con 14 víctimas.

En el caso específico de México hay que destacar que más de la mitad de las tierras y los territorios son propiedad colectiva de pueblos indígenas, comunidades indígenas y comunidades locales bajo la modalidad de ejidos y comunidades agrarias, lo cual implica que la mayoría de las minas, bancos de materiales, cuerpos de agua, litorales, bosques, biodiversidad y otros recursos están en esos territorios[1], de manera que los derechos colectivos terminan amenazados y confrontados por los intereses privados de empresas a las que el gobierno otorga concesiones sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, ni el derecho a la autonomía y al territorio.

En el reporte se destaca que a nivel global los sectores con los que se relacionaron los casos de criminalización son en ese orden: Minería e Industrias extractivas; Agroindustria, Agua y Represas, Explotación Forestal y Caza ilegal.

El caso de México

En nuestro país, los estados con más casos de criminalización fueron Oaxaca en primer lugar con 4 víctimas, seguido por Puebla con tres víctimas y Chihuahua y Michoacán con dos casos cada uno y luego Nayarit, Guerrero y Estado de México con un caso cada uno.

Un rasgo fundamental es que 11 de las 14 personas defensoras de los territorios y medio ambiente asesinadas en 2018 están asociados a la defensa de territorios y derechos indígenas, por lo que la criminalización está claramente asociada a la defensa de los recursos que los indígenas protegen.

También es importante señalar que las actividades a las que se asocian más casos de criminalización son la minería, la actividad forestal y los proyectos sobre agua y represas, es decir los intereses asociados a la minería, a la tala clandestina, al despojo de derechos sobre los bosques y los proyectos de hidroeléctricas fueron los más letales.

Desde la sociedad civil organizada hacemos un llamado al gobierno federal, al Congreso de la Unión [U1] para:

1.    Acelerar la ratificación del Acuerdo de Escazú, lo que contribuiría a que como región en América Latina se implemente una política integral en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos.

2. Con la participación de la Secretaría de Gobernación, SEMARNAT, el INPI, legisladores y organizaciones de la sociedad civil diseñar políticas y mecanismos para prevenir y enfrentar la criminalización a personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

3.    Reconocer por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la importante labor de las defensoras y los defensores ambientales.

4.    Detener los mensajes que desde el gobierno   descalifican y estigmatizan la labor de las y los defensores ambientales y periodistas por constituir una de las etapas de criminalización que se caracterizan en el informe.

5.   Atender por parte de todos los órdenes de gobierno la Recomendación General 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el respeto y la observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas.

6.  Considerando que la mayor parte de los asesinatos documentados en el reporte están asociados a la defensa de los territorios indígenas es fundamental que desde el gobierno federal se den ejemplos del respeto pleno a los derechos en materia de consentimiento libre previo e informado, derecho a la autonomía y al territorio.

De igual manera hacemos un llamado a los gobiernos de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Estado de México y Guerrero para que se haga justicia en el caso de los asesinatos documentados en el informe 2019 de Global Witness y se tomen las medidas necesarias para prevenir las agresiones en contra de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.

                   RED MOCAF   CEMDA   GREENPEACE  RITA   MAÍZ

[1] Panorama de los ejidos y comunidades agrarias en México, Morett-Sánchez J. Carlos y Cosío-Ruíz Celsa, Universidad Autónoma Chapingo, 2017

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 [U1]no queda claro cuáles serían las recomendaciones al sector privado. Me focalizaría en todo caso en la responsabilidad del estado mexicano para hacer valer los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos.